La Audiencia de Valladolid inicia el 15 de septiembre el juicio de la 'trama eólica' en Castilla y León
La Audiencia de Valladolid inicia el próximo lunes 15 de septiembre el juicio de la ‘trama eólica’ en Castilla y León, unos hechos que se remontan a 2007 cuando la Comunidad Autónoma afrontaba su primer gran despliegue de parques eólicos. Según la acusación, desde la Consejería de Economía, presidida por Tomás Villanueva, y especialmente desde la Viceconsejería dirigida por el principal acusado, Rafael Delgado, se articuló un sistema para controlar las autorizaciones administrativas de los proyectos.
La estrategia consistía, según un comunicado remitido por Ecologistas en Acción, en avocar competencias como retirar a los servicios territoriales de Industria la capacidad de autorizar parques eólicos y concentrar la decisión en la Viceconsejería, en manos de Delgado, e imponer socios locales de confianza para obligar a que en cada proyecto figurara una empresa radicada en Castilla y León elegida por la Consejería. De esta manera, las compañías adquirían participaciones a bajo coste y, una vez conseguida la autorización, las revendían a los verdaderos promotores con enormes beneficios, que podían alcanzar 250.000 euros por megavatio (MW) autorizado.
Acusados
En el banquillo de los acusados se sentarán exaltos cargos de la Junta de Castilla y León, exdirectivos de Iberdrola y empresarios locales, a quienes el Ministerio Fiscal atribuye delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, extorsión y fraude fiscal. La Junta de Castilla y León, junto a Iberdrola y sociedades de su grupo, figuran como responsables civiles subsidiarios.
Ecologistas
El Ministerio Público, junto con el Abogado del Estado, particulares perjudicados y la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León (como acusación popular), sostiene que esta práctica generó perjuicios millonarios. La Fiscalía solicita para Rafael Delgado penas que suman 36 años y 6 meses de prisión, multas superiores a 236 millones de euros e inhabilitación para cargo público. Para el resto de acusados se piden condenas de entre 6 y 12 años de cárcel, además de multas y responsabilidades civiles que alcanzan los 19 millones de euros.