El 28% de los hogares de Castilla y León no se puede permitir una semana de vacaciones
La población en riesgo de pobreza o exclusión se mantiene en el 24% y un 8% de los ciudadanos tiene "mucha dificultad" para llegar a final de mes
El porcentaje de población de Castilla y León en riesgo de pobreza o exclusión social, medido a través de la tasa Arope (por sus siglas en inglés, At Risk of Poverty or Social Exclusion), se mantuvo en torno al 24 por ciento en 2025, tras aumentar solo una décima con respecto al año anterior, frente al 22,4 por ciento en 2023 y el 22,1 por ciento en 2022. La Encuesta de Condiciones de Vida, publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística y recogida por Ical, también destaca que el ocho por ciento de los castellanos y leoneses tuvo “muchas dificultades" para llegar a final de mes, que es medio punto más que en 2024 y supone el mayor porcentaje desde 2020, cuando se alcanzó el 8,4 por ciento.
La tasa Arope, de acuerdo con la Estrategia Europa 2030, incorpora la población que está al menos en tres situaciones como el riesgo de pobreza, la carencia material y social severa y la baja intensidad en el empleo. Castilla y León subió un puesto y se situó como la séptima comunidad con más porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, pero por debajo de la media nacional que fue del 25,7 por ciento. Las más elevadas se dieron en Andalucía (34,7 por ciento), Castilla-La Mancha (34), Murcia (32,5), Canarias (31,2), Valencia (30,7) y Extremadura (30,4 por ciento). En el lado contrario, se situaron País Vasco (14,7 por ciento), Baleares (15,2 por ciento) y la Comunidad Foral de Navarra (16,5 por ciento).
Crece el riesgo de pobreza
Asimismo, respecto al porcentaje en riesgo de pobreza, este indicador aumentó en 1,3 puntos en Castilla y León entre 2025 y 2024, al pasar de 18,5 a 19,8 por ciento. Tras la subida del último año, este valor es superior a la media nacional que fue del 19,5 por ciento. Así, las más elevadas se dieron en Andalucía (27,7 por ciento), Extremadura (26,2 por ciento) y Valencia (26 por ciento). País Vasco (9,3 por ciento), Baleares (11,6 por ciento) y Navarra (12,3 por ciento) presentaron las tasas de riesgo de pobreza más bajas.
Además, un 6,7 por ciento de los castellanos y leones registró el año pasado carencia materia y social severa, dos décimas más que en 2024, y por debajo del conjunto de España (8,1 por ciento). En cambio, aumentó dos puntos y medios el parámetro de la tasa de ciudadanos con baja intensidad en el empleo, al pasar del siete por ciento al 9,5 por ciento en la Comunidad.
Frente al ocho por ciento de los castellanos y leoneses que el año pasado tuvo “muchas dificultades” para llegar a final de mes, se encuentra el 3,9 por ciento de la población de la Comunidad que no tuvo ningún problema para acabarlo. Otro 11,7 por ciento reconoció, según la encuesta del INE, finalizar el mes “con dificultad”.
Ingresos anuales de 15.600 euros
El estudio también concreta que los ingresos medios anuales netos por persona se situaron en Castilla y León en 15.598 euros (658 más que el año precedente y un 4,4 por ciento de incremento), mientras que en España alcanzaron los 15.620 euros (813 más que en 2024) y un 5,5 por ciento de subida). Los más elevados en 2025 se dieron en País Vasco (19.923 euros por persona), Navarra (18.349) y Madrid (18.169). Por su parte, los más bajos se registraron en Región de Murcia (12.554), Extremadura (12.995) y Andalucía (13.079).
El informe, consultado por Ical, también refleja que el 28,1 por ciento de los hogares de Castilla y León no tenía en 2025 capacidad para afrontar gastos imprevistos, lo que supone un aumento de 1,1 puntos en relación a 2024. No obstante, en este apartado los niveles de la Comunidad también son mejores que la media nacional, que se sitúa en el 35,7 por ciento. El INE también pone de manifiesto que el 28,7 por ciento de los hogares de la Comunidad no podía permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, 2,8 puntos menos que la media nacional.
Además, el 6,8 por ciento de los hogares experimenta retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal en los últimos doce meses, un dato que se eleva hasta el 9,8 por ciento en el conjunto del país.