Castilla y León pedirá mañana a Montero dejar atrás el "cupo separatista" y abrir una nueva etapa sobre financiación
El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, pedirá mañana a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF) que el Gobierno abra una nueva etapa en materia de financiación, tras la ruptura de sus relaciones con Junts. De esta forma, reclamará que se abandone de forma definitiva la propuesta de “cupo separatista”, un sistema singular para Cataluña, y la condonación de la deuda pública.
Fernández Carriedo adelantó este jueves en su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno la posición que llevará la Junta a la reunión de mañana y abordó también esta cuestión con los representantes del Grupo Socialista que acudieron a la cita del viernes para negociar su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026.
En ese sentido, el consejero de Castilla y León, según precisó, hará valer la postura adoptada por las Cortes sobre la condonación de la deuda y la puesta en marcha de una especie de “cupo separatista” o financiación singular para Cataluña. De esta forma, Fernández Carriedo reclamará que se respeten los principios de “igualdad”, “solidaridad” territorial y suficiencia financiera para que las comunidades puedan afrontar el coste efectivo de los servicios públicos.
Sin embargo, los planes de la ministra María Jesús Montero pasan por acordar con las comunidades la senda de estabilidad que servirá para avanzar en la presentación del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. La titular de Hacienda confía en que se dé el visto bueno a la propuesta para llevarla al Consejo de Ministros del martes. El Gobierno deberá aprobar tanto la senda como el techo de gasto y, después, enviar ambos documentos al Congreso de los Diputados.
La idea del Gobierno es que la senda se tramite de forma urgente, para que pueda debatirse en el Parlamento la semana del 25 de noviembre. Sin embargo, el hecho de que llegue al Congreso no implica su aprobación y, además, es ahí donde empiezan las complicaciones para el Ejecutivo. El arco parlamentario resulta desfavorable para el Gobierno, sobre todo después de la ruptura con Junts y de su amenaza de presentar enmiendas a la totalidad a cualquier iniciativa de Pedro Sánchez.
No obstante, el Ejecutivo tiene dos oportunidades para que el Congreso saque adelante la senda de estabilidad, ya que el techo de gasto no se vota. Si la tumban, los objetivos de déficit que operarán serán los del año anterior, “que son los que están vigentes”, como detalló la ministra el viernes.
Por el contrario, si la Cámara Baja aprueba la senda de estabilidad, el Consejo de Ministros podrá aprobar el proyecto de ley de Presupuestos para 2026 y llevarlo a las Cortes. Los últimos que consiguió sacar adelante el Gobierno fueron los de 2023, elaborados en 2022, cuando la situación económica y geopolítica era distinta a la actual. Esas cuentas se prorrogaron tanto en 2024 como en 2025.
Senda
El año pasado, el Congreso tumbó la senda de estabilidad presentada en esa ocasión, que contemplaba que el déficit de todas las administraciones públicas sería del 2,5 por ciento para 2025, bajaría al 2,1 por ciento en 2026 y al 1,8 por ciento en 2027. La administración central tendría un déficit del 2,2 por ciento en 2025, mientras que las comunidades autónomas podrían alcanzar un desfase del 0,1 por ciento y los ayuntamientos deberían cerrar con equilibrio presupuestario.
Para 2026 y 2027, las comunidades y los ayuntamientos mantendrían sus objetivos, mientras que la administración central bajaría su déficit al 1,8 por ciento y 1,5 por ciento, respectivamente. En el caso de la Seguridad Social, para este subsector se esperaba un déficit de dos décimas durante estos tres años.
En cuanto al techo de gasto, el Gobierno había establecido una cuantía de 199.171 millones de euros, incluyendo los fondos europeos. Este lunes, Hacienda y las comunidades autónomas volverán a pactar esos objetivos de déficit, aunque hace unas semanas, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, ya advirtió de que las autonomías “no parecen necesitar un objetivo (de déficit) mayor” al 0,1 por ciento presentado por Hacienda el año pasado, de cara a los PGE para 2026.
Financiación
El orden del día del CPFF incluye un punto sobre financiación autonómica, para informar a las comunidades autónomas de los proyectos en los que trabaja Hacienda y “trasladar el estado actual de situación”, aunque sin profundizar en la cuestión, como apuntó Montero.
El modelo de financiación autonómica, así como la condonación de la deuda, mantiene enfrentado al Ejecutivo con las comunidades gobernadas por el PP. Al margen de la quita de deuda, Hacienda también trabaja en modificaciones del sistema, como la sustitución de las entregas a cuenta a las comunidades por pagos inmediatos, según avanzó a finales de octubre el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.
Este nuevo modelo implicaría modificar la ley para que las comunidades autónomas puedan contar, de forma casi inmediata, con los ingresos fiscales de tributos como el IRPF o el IVA.