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El Colegio de Periodistas reclama claridad sobre la Ley de Publicidad Institucional en Castilla y León

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Pedro Lechuga e Ignacio Coll se reúnen con el director de Comunicación de la Junta para exigir garantías de transparencia y advertir del posible impacto negativo en los medios

El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha solicitado oficialmente a la Junta de Castilla y León información precisa sobre la aplicación de la nueva Ley de Publicidad Institucional, tras su publicación en el BOCYL este mismo viernes. El decano del colegio, Pedro Lechuga, y el vicedecano, Ignacio Coll, han mantenido una reunión en Valladolid con el director de Comunicación del Gobierno autonómico, Julio López Revuelta, con el objetivo de aclarar “los plazos, protocolos y consecuencias prácticas” de una normativa que ha generado preocupación en el sector periodístico regional.

El Consejo Consultivo tendrá la última palabra interpretativa

Desde el Ejecutivo se ha confirmado que se realizará una consulta facultativa al Consejo Consultivo de Castilla y León, organismo que deberá emitir un dictamen sobre los aspectos interpretables de la ley, especialmente aquellos que la normativa no concreta de manera explícita. El Colegio ha expresado su deseo de que el informe clarifique “cómo debe aplicarse el límite del 33% de facturación neta anual que los medios pueden recibir de las administraciones públicas”.

Una de las principales incertidumbres radica en la interpretación del artículo que limita esa financiación, ya que si bien los impulsores de la ley aseguraron que el límite se aplicaría solo a la Junta, la redacción final parece extender la restricción a todos los organismos públicos de la comunidad autónoma.

Riesgo para la viabilidad de medios y la pluralidad informativa

Los representantes del Colegio han advertido que “la aplicación literal de la norma puede tener efectos devastadores” para la sostenibilidad empresarial de medios locales y comarcales, muchos de los cuales dependen en buena medida de la publicidad institucional.

“El artículo 5.1 puede limitar drásticamente el ingreso publicitario de medios pequeños, afectando directamente a la pluralidad informativa y la libertad de prensa en Castilla y León”, han señalado desde el Colegio. Además, se plantea una dificultad técnica relevante: cómo coordinarán todas las entidades públicas de la comunidad —Junta, diputaciones, ayuntamientos y otros organismos— para compartir y controlar los datos de inversión publicitaria en cada medio.

Reuniones con partidos políticos y medios tras el dictamen

Una vez emitido el dictamen del Consejo Consultivo, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha anunciado que convocará reuniones con los grupos parlamentarios y representantes de los medios de comunicación, para realizar un análisis conjunto del impacto de la norma.

Además, el Colegio ya está en contacto con otros organismos públicos de la comunidad autónoma “para conocer de primera mano cómo tienen previsto gestionar la nueva ley y sus limitaciones en materia de contratación publicitaria”.

Con esta acción, la entidad profesional reafirma su compromiso con la defensa del periodismo independiente y sostenible, apelando a la necesidad de “una regulación clara, coherente y justa que no comprometa la viabilidad de los medios ni la calidad democrática del sistema informativo”.