Sen defiende que Castilla y León "no está en posición de desventaja estructural" con la propuesta de modelo de financiación
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, defendió este viernes la propuesta de modelo de financiación autonómica presentada esta mañana por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que según explicó conlleva para la autonomía “más recursos, reconocimiento de las singularidades del territorio y más igualdad”. Así, destacó que el nuevo reparto conllevaría 271 millones más al año para Castilla y León, lo que significaría 1.355 millones de 2027 a 2031, y esgrimió que la autonomía “no está en posición de desventaja estructural” respecto al resto “cuando se compara correctamente, ajustando por necesidades de gastos”.
En ese sentido, expuso que la Comunidad se sitúa “por encima de la media por habitante ajustado” y reclamó que el debate sobre el nuevo modelo “debe hacerse con cifras y metodología, no con titulares alarmistas”. Además, en declaraciones recogidas por Ical señaló que “una reforma de este calado debe debatirse y acordarse en los cauces institucionales y parlamentarios adecuados”, y pidió no anticipar acontecimientos: “Si en el resultado final no se protegiera la igualdad de Castilla y León seríamos los primeros en señalarlo, pero no hay que rechazar antes de tiempo”, exhortó.
El reparto global y las comparaciones entre comunidades
Además, rehusó valorar si le parece justo que la autonomía acapare el 1,3 por ciento del incremento presupuestario global previsto para todo el país, frente al 23,1 por ciento de Andalucía, el 22,3 por ciento de Cataluña o el 5,9 por ciento de Castilla-La Mancha.
“No se trata de considerar el reparto considerarlo justo o injusto, sino de considerar la realidad, que es que Castilla y León contaría con 271 millones más al año, 1.355 millones para los próximos 5 años desde 2027, que redundarían en la mejora de los servicios públicos”.
El delegado del Gobierno defendió que esa partida extraordinaria supondría “la capacidad real de garantizar la sanidad, la educación, las políticas de vivienda, la mejora del transporte público y las condiciones de igualdad”, además de la prestación de la “sanidad, escuelas en el medio rural, residencias para los mayores o atención a la dependencia”.
En su opinión, “España tiene un sistema de financiación autonómica que lleva demasiado tiempo sin actualizarse”, algo que “genera incertidumbre y dificulta la planificación correcta de los servicios públicos”. “Un sistema desfasado no beneficia a nadie”, esgrimió antes de subrayar que la propuesta presentada hoy por el ejecutivo central “busca más recursos, reglas más justas y mayor transparencia para debatirla con las autonomías en los órganos previstos”.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera, clave en el debate
Para Sen, “la mejor defensa de Castilla y León es participar con propuestas en espacios como el Consejo de Política Fiscal y Financiera”, el foro que él considera adecuado para “pedir más recursos”, si bien consideró “difícil explicar que por un lado se reclamen más fondos y a la vez se rechacen los espacios de negociación”. “Castilla y León tiene argumentos sólidos, como el reconocimiento del coste de igualdad real, y eso es lo que hay que llevar a la mesa de negociación: propuestas y voluntad de acuerdo”, sentenció.
En ese sentido, Sen señaló que ahora el siguiente paso será la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera extraordinario, además de la celebración de reuniones bilaterales con las autonomías, espacios en los cuales “Castilla y León tendrá otra oportunidad de defender sus reivindicaciones, aunque anteriormente no haya querido participar de forma activa en estos organismos, que es donde se decide la política de financiación”.
"Una financiación adecuada"
En su intervención, Sen recalcó que “Castilla y León recibe hoy más que nunca una financiación adecuada”. Así lo subrayó antes de apuntar que en 2007 las entregas a cuenta de la Comunidad fueron de 5.924 millones, pero en 2024 superaron los 8.188 millones, en 2025 se situaron en 8.969 millones, y para 2026 hay una previsión de entregas a cuenta de 9.568 millones.
“Castilla y León recibe hoy alrededor de 3.600 millones más que en 2017, un incremento cercano al 61 por ciento. Esto es especialmente relevante para la autonomía más extensa del país, que tiene una gran dispersión territorial, y donde prestar los servicios públicos es objetivamente más costoso”, añadió además de explicar que este incremento de los recursos “no viene condicionado”, puesto que “el Gobierno respeta plenamente la autonomía financiera de las comunidades” y son las administraciones autonómicas las que deciden a qué destinan esas partidas.
Para él, “la propuesta no es neutra”, ya que “reconoce las singularidades territoriales, de forma especialmente clara en el caso de Castilla y León”, que consideró “la más beneficiada del criterio de población ajustada”, con un nuevo sistema que “contempla la superficie, dispersión de la población o envejecimiento”. “Eso no es ideología, sino realidad de costes. Castilla y León se beneficia de la solidaridad interterritorial y del nuevo fondo climático, que se contempla por primera vez en el modelo”, concluyó.