El Ingreso Mínimo Vital logra reducir la brecha de pobreza un 29,2% en Castilla y León

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha logrado reducir en Castilla y León un 29,2 por ciento la brecha de pobreza, medida como la distancia media entre los ingresos de los hogares y el umbral de pobreza, según se desprende de un informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al que ha tenido acceso Ical. En el conjunto de España, la prestación ha contribuido a reducir esa brecha en un 30,3 por ciento esta brecha.

El análisis muestra que en Castilla y León el IMV ha alcanzado el 19,7 por ciento de los hogares en situación de pobreza, si bien su diseño permitiría llegar al 47,7 por ciento de este colectivo, mientras que en el conjunto nacional ha llegado al 21,3 por ciento de los posibles perceptores, cuando podía hacerlo al 54,6 por ciento.

En este sentido, el informe apunta que si el IMV hubiera desplegando todo su potencial, la reducción de la brecha de pobreza en el conjunto de España hubiera sido del 58,2 por ciento y del 52,8 por ciento en Castilla y León. Por encima de la media se sitúan Melilla (69,2 por ciento), Principado de Asturias (66 por ciento), Ceuta (64,4 por ciento), Andalucía (62 por ciento), Canarias (60,9 por ciento), Región de Murcia (59,7 por ciento), Aragón (58,9) y La Rioja (58,5 por ciento). Por el contrario, el efecto potencial de la prestación es menor en Castilla-La Mancha (52,1 por ciento), Castilla y León (52,8 por ciento) y Cataluña (54,3 por ciento).

Impacto sobre la tasa de pobreza

Mientras tanto, el impacto sobre la tasa de pobreza ha sido más limitado, situándose en el 9,5 por ciento en el conjunto de España y un ocho por ciento en Castilla y León. No obstante, aplicando todas las capacidades del IMV, la tasa de pobreza se reduciría un 16,2 por ciento a nivel nacional y un 14 en Castilla y León. En su dimensión potencial, el impacto del IMV en la reducción de la tasa de pobreza es de: 23,5 por ciento en Ceuta, 23,2 por ciento en Melilla, 19,1 por ciento en Cataluña, 18,1 por ciento en Extremadura, 17,4 por ciento en Canarias y Andalucía y 17,3 por ciento en Cantabria. Estas comunidades autónomas se sitúan por encima de la media nacional en 2024. Por el contrario, el efecto potencial de la prestación es menor en la Comunidad de Madrid (11,9 por ciento), Castilla-La Mancha (13 por ciento), Islas Baleares (13,7 por ciento) y Castilla y León (14 por ciento).

Tasas de 'non take-up'

Por otra parte, Baleares (67 por ciento), Cataluña (66 por ciento) y Castilla-La Mancha (60 por ciento) registran las mayores tasas de ‘non take-up’, baremo que mide el porcentaje de potenciales beneficiarios que, aun cumpliendo los requisitos, no perciben la prestación. La media nacional se sitúa en el 55 por ciento, dos puntos por encima de la registrada en Castilla y León. Por provincias, Soria y Palencia se encuentran entre las que registran una menor tasa de ‘non take-up’.

Nivel nacional

A nivel nacional, a finales de 2024, la prestación alcanzaba un coste de 3.106 millones al año, que se elevaría a 6.145 millones si alcanzara todo su potencial y a 9.110 millones en un escenario de erradicación de la pobreza (en el umbral del 40 por ciento de la renta mediana equivalente)

En el informe también se analiza el tiempo mediano de tramitación de los expedientes aprobados y se apunta que sigue una tendencia decreciente desde el primer trimestre de 2024 con niveles superiores a 150 días. Ávila, con 216 días, y Valladolid, con 210 días, son las provincias que más se demoran en la tramitación.

En este contexto, la AIReF recopila cinco propuestas orientadas a mejorar la eficacia y eficiencia del IMV. Entre ellas, destacan la definición de objetivos cuantificables con metas y plazos, la promoción de fórmulas de verificación automática de los requisitos de acceso mediante el uso de información más actualizada, la reformulación integral del incentivo al empleo, la provisión de estadísticas homogéneas y comparables de las rentas mínimas autonómicas, y el refuerzo de las campañas de información y acompañamiento individualizado para reducir las barreras de acceso a la prestación.