La Junta defiende la "legalidad" de su norma para permitir cazar en las zonas quemadas

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, expresó este jueves su respeto ante una posible denuncia penal de las organizaciones ecologistas contra la decisión del Gobierno autonómico de levantar la suspensión de los aprovechamientos ganaderos en las superficies afectadas por los grandes incendios forestales del verano de 2025, es decir, aquellos en los que se calcinaron más de 500 hectáreas. 

Carriedo explica la decisión

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo defendió la legalidad de esta decisión y explicó que la de Montes de Castilla y León establece la suspensión del aprovechamiento ganadero de los pastos en los montes afectados por incendios, de manera automática y por un periodo de cinco años. No obstante, agregó, en los casos en los que se asegure la compatibilidad de los mismos con la regeneración del monte incendiado y con la restauración de los hábitats y la supervivencia de las especies de flora y fauna silvestre, “es posible autorizar el levantamiento de dicha suspensión”. “Esto es lo que hacemos en cumplimiento de la ley y las circunstancias que atravesamos”, dijo, y ante una alta densidad en las zonas de fauna silvestre, a la que según los ecologías, ataca esta medida. 

Colaboración con la justicia

Carriedo insistió en que la Junta actúa conforme a la ley y los procedimientos que establecen los servicios territoriales de Medio Ambiente de en Ávila, León Palencia, Salamanca y Zamora, donde se adoptó esta medida, algo que “no quita” que ciudadanos, asociaciones y organizaciones puedan acudir a la justicia si no están conformes. Así, cuando esto se produce, dijo, el Ejecutivo regional respeta a quien ejerce ese derecho y colaboran “en todo el procedimiento” para la resolución más conveniente.