La Junta lamenta la falta de diálogo del Gobierno con las comunidades en materia vivienda

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, denunció hoy en el Senado que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, “no se sienta a hablar con las comunidades”, a pesar de que son los Gobiernos autonómicos los que tienen las competencias en este ámbito y lamentó que, a pesar de que quedan solo seis meses para que finalice el actual Plan Estatal de Vivienda, “todavía no sabemos nada del nuevo”.

Al mismo tiempo, se refirió a la Ley por el Derecho a la Vivienda, que se presentó y aprobó sin consultar con los gobiernos autonómicos y de que algunas medidas como la figura de ‘zonas de mercado tensionado’ “ya habían sido un fracaso en lugares como Lisboa, París o Berlín”. “Quisimos hablar con ellos y en saco roto quedó. ¿El resultado cuál es? El resultado es que esa Ley no la aplican ni en las comunidades donde gobierna el PSOE”, apuntó.

Además, hizo una ‘radiografía’ de la ministra Rodríguez y afirmó: “Es una ministra con muy buenas formas, muy buenas palabras, y que en la última reunión que hemos tenido con ella, en octubre de 2024 en la Conferencia Sectorial, apeló al consenso y a sentarse a una mesa a buscar soluciones negociadas, pero es lo típico del PSOE y del Gobierno de España, que es hacer anuncios que luego no se materializan en hechos”.

A pesar de las críticas, Quiñones aclaró que las autonomías “necesitamos la intervención del Gobierno de España por la capacidad que tiene desde el punto de vista presupuestario y por el acompañamiento político que supone. Como primera reflexión de Castilla y León llamamos nuevamente al Ministerio, al Gobierno, a sentarse a hablar con las comunidades autónomas. Es urgentísimo”.

En su intervención en el ‘Debate sobre las medidas necesarias para atajar urgentemente el creciente problema que tienen los españoles para acceder a una vivienda a precio asequible, y la necesaria coordinación de las Administraciones para que las soluciones sean más eficaces', celebrado en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, Quiñones detalló las particularidades de Castilla y León, así como las medidas impuestas por la Junta en materia de Vivienda.

Así, indicó que “es una Comunidad muy particular, que tiene 94.000 kilómetros cuadrados, siendo la más extensa de España, y que tiene un problema importante de dispersión, despoblación y envejecimiento”. Además, subrayó que Castilla y León, “en otro capítulo sin abordar por el Estado”, es una región “infrafinanciada” y, pese a ello, realiza “un esfuerzo de más de 900 millones de euros en política de vivienda, que se corresponde a cerca del 28 por ciento de fondos europeos, un esfuerzo del 57 por ciento de fondos autonómicos -ya sean fiscales, financieros y presupuestarios- y que tiene una intervención del Gobierno de España en fondos de en torno al 12 por ciento”. “Una política de vivienda que, además, pactamos en el marco del diálogo social con la patronal y los sindicatos, y que ahí fijamos los objetivos de incremento del parque público de alquiler y las distintas medidas”, sentenció.

Medidas

En cuanto a las medidas, Quiñones desgranó las ayudas al alquiler de la Junta que se vuelca “especialmente en el medio rural, donde llegamos a financiar hasta el 75 por ciento de la renta de las personas jóvenes que viven en el medio rural y que quieren alquilar una vivienda”. “Somos la única comunidad autónoma con estas dificultades de presupuesto que, pese a ello, tiene una ayuda universal al alquiler”, subrayó.

Asimismo, explicó el proyecto para facilitar el acceso a una vivienda “en las zonas rurales que tienen una alta capacidad económica, como “como la Ribera del Duero, la zona logística de Ólvega, la zona galletera de Aguilar o la zona de ligada al porcino de Guijuelo”. “Aquí estamos poniendo en marcha algo muy relevante. Ante la ausencia de suelo, y la existencia de mucho suelo rústico, a través de los planes regionales de actuación territorial, incluidos en nuestra Ley de ordenación del territorio, la Junta asume las competencias urbanísticas”, detalló Quiñones que resaltó que de esta manera “en pocos meses” se comienza a licitar la obra correspondiente “para dar solución a los trabajadores y a las empresas que no tienen vivienda en esas zonas”.

Asimismo, señaló que la Junta trabaja en la construcción de viviendas para jóvenes de menos de 36 años “donde les perdonamos el 20 por ciento de un precio ya de por sí más barato ya que están construidas  por una empresa pública, sin beneficios industriales”; y “de viviendas en régimen de co-housing para alquiler asequible”.

El consejero habló también de “política fiscal”, una de las reclamaciones habituales de la Junta, que considera que es una herramienta importante en la lucha contra la despoblación. En este sentido, recordó que el Gobierno regional realizad “un esfuerzo fiscal de 30 millones de euros al año a favor del medio rural y a favor especialmente de los jóvenes”.

Para acabar su intervención en el Senado, Quiñones hizo hincapié en que las comunidades “necesitan” la Ley de Suelo y Vivienda que fue impulsada por el PP y aprobada por la Cámara Alta, pero que se encuentra paraliza en el Congreso. Entre otras cuestiones, esa norma “asegura que la ‘okupación’ de una vivienda se termine de forma rápida” para que el propietario tenga el amparo que “actualmente no tiene”. “Es una cuestión capital para dar seguridad jurídica”, señaló.