Pedro Sánchez acusa a la Junta de derivar 199 millones de euros a la sanidad privada de los fondos adicionales del Gobierno de España a la Comunidad
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, acusó este miércoles a la Junta de Castilla y León de derivar 199 millones de euros a la sanidad privada de los fondos adicionales del Estado a la Comunidad. “Mientras el Gobierno de coalición ha invertido 300.000 millones de euros adicionales en las autonomías en servicios públicos en los últimos siete años, allí donde gobierna la derecha ha habido un debilitamiento y venta de la sanidad pública. Quieren que los servicios se degraden y las listas de espera se alarguen -más allá de lo humanamente aceptable- hasta que a la ciudadanía no le queda más remedio que ir a la clínica privada, pagada con los impuestos de todos o con el dinero de su propio bolsillo”, subrayó.
Durante su intervención ante el Pleno del Congreso para analizar la gestión de los servicios públicos, Sánchez añadió que no es una cuestión de recursos económicos sino también de compromiso político y social y de un modelo de sociedad, que es “disfuncional” respecto al sentir de lo que quiere la mayoría de los ciudadanos. No en vano, precisó que su Gobierno desea unos servicios públicos “fuertes, robustos y que cohesionen territorialmente al país”. Frente a eso, declaró que los gobiernos autonómicos del Partido Popular son el resultado de un proyecto político para “desmantelar” el Estado del Bienestar y “hacer negocio”.
"La corrupción adopta muchas formas"
El presidente del Gobierno señaló, según recogió la Agencia Ical, que la corrupción en España adopta “muchas formas” como mordidas de cargos públicos por cosas ilícitas, comisionistas y lobbistas que cruzan la frontera de la ley y, en ocasiones, partidos políticos que recortan y privatizan servicios públicos a cambio de determinados favores o apoyos económicos de “amplio espectro”. “Es posible que esta forma de corrupción no sea ilegal pero es absolutamente inmoral y hace un tremendo daño al país. Aunque no aparece en los titulares de la prensa, se sufre en las listas de espera, las aulas, las masificaciones en los hospitales, las faltas de plazas en escuelas infantiles públicas y las residencias de mayores y en los bolsillos de millones de españoles de clase media y trabajadora”, sentenció.
Fue entonces cuando apuntó que, en la actualidad, se “juega” el futuro del Estado del Bienestar que, a su juicio, es el “alma” de España por que la historia de los servicios públicos es, en gran medida, la historia de la democracia y libertad, tras dejar atrás el modelo de la dictadura franquista. En este sentido, apuntó que la Constitución de 1978 fue un “punto de inflexión” por que se reconoció el derecho a la salud, la educación y la protección social como “pilares” de una sociedad democrática. “Fue una conquista democrática y, sobre todo, una conquista socialista”, destacó.
Privatizaciones de Aznar y recortes de Rajoy
Sánchez lamentó que la “bancada de la oposición” se ha empeñado en “destruir” esa conquista, cada vez que ha tenido mayoría parlamentaria o ha gobernado, con las privatizaciones masivas del Gobierno de José María Aznar, que regaló al sector privado una “parte importante” de empresas y servicios público, por un valor total de 30.000 millones de euros. A continuación, con los “recortes” y la “austeridad” del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que redujo un siete por ciento la inversión estatal en sanidad; un 22 por ciento la inversión en educación y un 23 por ciento, en dependencia. “Privatización, recortes y precariedad ha sido el mantra y el regalo del PP a nuestro Estado del Bienestar en los años que ha gobernado”, reiteró.
Por el contrario, valoró el “fin a esta tendencia” que desmantelaba el Estado del Bienestar con el Gobierno de coalición en julio de 2018 y marcó el inicio de una nueva etapa en la historia política en España. “Nosotros, hemos reforzado donde otros recortaron e invertir donde otros privatizaron”, comentó.
No en vano, el presidente recordó que se han revertido los recortes de la anterior administración del Partido Popular, ampliado los derechos de ciudadanía y apostado por lo público. Cifró en 300.000 millones de euros la inversión en servicios públicos, un dinero “adicional” que el Gobierno central ha invertido en los últimos siete años. De esta cantidad, una “amplísima mayoría” se ha transferido a los ejecutivos autonómicos que son los que tienen las competencias en materia de sanidad, educación, servicios sociales y dependencia. Una cifra que, precisó, representa un 47 por ciento más que lo invirtió la administración de Rajoy en el mismo periodo y supone una cantidad equivalente al Producto Interior Bruto (PIB) anual de Andalucía, Extremadura y Castilla y León juntas.
Tras ofrecer estos datos, consideró normal que la gente se pregunte si el Gobierno central invierte más en servicios públicos por qué en muchos lugares del país las listas de espera y la calidad de los mismos ha empeorado. “No es un problema económico, sino ideológico y de modelo de sociedad. Hay gobiernos autonómicos que utilizan ese dinero para satisfacer las exigencias de las élites y hacer negocios. Tal vez, sean legales pero son inmorales y destructivos para las clases medias y trabajadoras”, reiteró.