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El PSCyL mantiene su promesa de "clarificar" el límite del 33% en la publicidad institucional

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y viceportavoz en las Cortes, Nuria Rubio, comparece en rueda de prensa tras mantener una reunión con representantes de la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León.
Nuria Rubio acusa a la Junta de no haber llevado a cabo el desarrollo reglamentario necesario para poder aplicar la nueva ley

La vicesecretaria general del PSCyL y viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Nuria Rubio, aseguró hoy que mantienen la promesa de “clarificar” el límite del 33 por ciento en los ingresos por publicidad institucional que reciben los medios de comunicación ante la reclamación presentada por 25 sociedades editoras en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León. “Nos comprometimos y así lo haremos”, dijo. 

En una comparecencia en la sede de su partido en Valladolid, Nuria Rubio negó que el PSOE hubiera pactado ninguna ley o enmiendas con Vox, sino que aseguró que los grupos de la oposición sacaron adelante una proposición de ley del procurador de Unidas Podemos Pablo Fernández. “Respeto profundamente lo hecho”, dijo sobre la reforma aprobada a finales de junio en las Cortes. 

Sin embargo, la vicesecretaria del PSCyL apuntó a la Junta para acusarla de usar un “argumento torticero” para responsabilizar a los grupos parlamentarios, cuando señaló le corresponde al Gobierno autonómico hacer el “desarrollo reglamentario posterior” a la ley, sin el que a su juicio no se podrá “poner en marcha”. 

Asimismo, la dirigente socialista consideró que utiliza esta cuestión para enfrentar a los medios de comunicación con algunos partidos políticos, pero señaló que al PSOE no le marcan la estrategia y que no cede a la “presión” o “amenaza”, ya que cuando esto se produce, avisó, se genera el “efecto contrario”. 

Finalmente, Nuria Rubio insistió en que quien tiene capacidad de desarrollar la ley para cumplir con lo establecido es la Junta de Castilla y León, quien pidió un informe al Consejo Consultivo sobre la aplicación de la nueva norma.