Rafael Delgado ve falta de capacidad económica en algunas empresas eólicas

El que fuera viceconsejero de Economía de la Junta y también secretario general de esta consejería, Rafael Delgado, aseguró este jueves en el juicio de la denominada ‘trama eólica’ que se viene celebrando en la Audiencia Provincial de Valladolid, que algunas empresas no lograron la autorización administrativa para la construcción de los parques por falta de capacidad económica, que era un requisito establecido tanto por la normativa nacional como por la autonómica.

Además, explicó que eran el propio Tomás Villanueva -entonces consejero de Economía- y la Dirección General de Energía y Minas los que determinaban si la capacidad económica de la sociedad era lo bastante fuerte para hacer frente a la construcción del parque, y también repitió que la figura del socio local fue explicada públicamente por Villanueva y que nunca manejó listados con este tipo de sociedades.

Como en la jornada de ayer a preguntas del Ministerio Fiscal, Delgado explicó que la viceconsejería no en un órgano decisorio y sus competencias se limitaban a labores de apoyo del consejero. En este sentido explicó que, a pesar del principio de jerarquía en la administración, la viceconsejería no tenía capacidad para supervisar el trabajo de la Dirección General de Energía y Minas, “ya que la integraba yo y dos secretarias”.

A su vez, también reconoció que desconocía la reunión mantenida entre Villanueva y representantes de Iberdrola en la que asignaron una serie de cupos de potencia, y manifestó que se enteró de la misma años después. En esta línea, a preguntas de su abogado, indicó que tampoco participó nunca en reuniones con representantes de Red Eléctrica de España (REE).

Rodríguez Recio

En la jornada de hoy también se inició la declaración del abogado y empresario Jesús Rodríguez Recio, al que el Ministerio Fiscal sitúa como presunto testaferro de Delgado y para quien pide diez años y medio de cárcel y más de 25 millones de multa. A preguntas del Fiscal, reconoció que el entonces administrador único de Avanzalia System, Carlos Galdón Cabrera, les pago a él y al también empresario Francisco Aguirre 4,5 millones de euros por conseguir la compra de los parques Peña Cabra y Pico Milano, y por mediar con Iberdrola para solucionar un problema de evacuación en otra instalación.

No obstante, Rodríguez Recio explicó que el precio pactado por los trabajos realizados fue de 10 millones de euros, a la vez que lamentó que los contratos con “Carlos Galdón nunca se cumplen”. Además, explicó que el pago de estos 4,5 millones, que fueron cobrados a parte iguales entre él y Francisco Aguirre, se realizó en Mónaco a través de sociedades panameñas, a excepción de unos 70.000 euros que fue el valor de un coche de lujo que Galdón entregó a Aguirre. Que el pago se realizara en Mónaco, fue también la razón alegada por Rodríguez Recio la constitución de dos sociedades en suiza, donde acabó la mayor parte de este dinero a excepción de 300.000 euros.

En el interrogatorio, el fiscal también preguntó a Rodríguez Recio por la compra de un piso en el paseo Zorrilla por Samuño Activos, sociedad de la que su único administrador era Rafael Delgado, aunque, según reconoció, la mercantil se creó de mutuo acuerdo entre los dos. La compra de este piso, en el que había vivido Rafael Delgado hasta que abandona la Junta en 2011, se realizó directamente al banco y el objetivo era instalar en el mismo la sede de sus sociedades. Además, Rodríguez Recio reconoció que es trato de una nueva operación.

El juicio se retomará el próximo lunes, día 15, y continuará con el interrogatorio a Rodríguez Recio.