La transparencia recibe 1.432 reclamaciones en un año, el 88% contra entidades locales
El Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha registrado en las Cortes autonómicas la Memoria correspondiente al ejercicio 2025, un documento que recoge la actividad desarrollada durante el décimo año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia y que será analizado por la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común el próximo mes de septiembre.
El comisionado, Tomás Quintana, hizo entrega del informe al presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, y a la vicepresidenta de la citada comisión parlamentaria, María de las Mercedes Cofreces, en un acto institucional previo a su comparecencia ante la Cámara.
La memoria refleja que durante 2025 se contabilizaron un total de 1.432 reclamaciones relacionadas con el derecho de acceso a la información pública, mientras que la Comisión dictó 497 resoluciones para dar respuesta a los expedientes tramitados.
Las entidades locales concentran la mayoría de las reclamaciones
Los datos ponen de manifiesto que la mayor parte de las reclamaciones continúan teniendo su origen en la administración local. En concreto, el 88 por ciento de los expedientes registrados estuvieron dirigidos contra entidades locales.
De las 1.263 reclamaciones presentadas en este ámbito, 1.196 afectaron a ayuntamientos, 35 a entidades locales menores, 29 a diputaciones provinciales y tres a mancomunidades. A estas se suman otras dos reclamaciones relacionadas con entidades del sector público local.
En el ámbito de la Administración autonómica, la Comisión recibió 130 reclamaciones contra consejerías de la Junta y otras 20 frente a organismos del sector público institucional. Además, se registraron siete reclamaciones relativas a universidades públicas y tres vinculadas a colegios profesionales de Castilla y León.
El silencio administrativo sigue siendo el principal problema
Uno de los aspectos que destaca la memoria es que la mayoría de las reclamaciones continúan motivadas por la ausencia de respuesta de las administraciones públicas.
En este sentido, el informe señala que "el 81 % de las reclamaciones fueron presentadas frente a la ausencia de respuesta expresa a la petición de información realizada por alguna persona", lo que significa que ocho de cada diez expedientes siguen teniendo como origen el silencio administrativo.
Casi 500 resoluciones durante el ejercicio
La Comisión de Transparencia resolvió a lo largo del pasado año 497 expedientes, una cifra prácticamente idéntica a la registrada en el ejercicio anterior.
Del total de resoluciones, 216 estimaron las reclamaciones planteadas por los ciudadanos, mientras que en 189 casos se declaró la desaparición del objeto del procedimiento porque la administración terminó facilitando la información solicitada después de que la Comisión requiriera el correspondiente informe.
El documento también recoge que una resolución concluyó por desistimiento del reclamante y que las 91 restantes correspondieron a inadmisiones, archivos de expediente o resoluciones desestimatorias.
Diez años de actividad
La memoria presentada por Tomás Quintana coincide con el décimo aniversario de la Comisión de Transparencia de Castilla y León, un organismo encargado de velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y de resolver las reclamaciones presentadas por ciudadanos cuando consideran vulnerado ese derecho.
El informe será expuesto ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común de las Cortes de Castilla y León durante el próximo mes de septiembre, en una sesión cuya fecha concreta aún está pendiente de fijarse.