Junta, Diputación y sindicatos salen en defensa de los trabajadores de la Azucarera

El anuncio esta semana de un Expediente de Regulación de Empleo en el seno de la empresa Azucarera, que mantiene una de sus cuatro fábricas afectadas en La Bañeza con 160 trabajadores, ha encendido las alarmas en la provincia y los movimientos en apoyo al empleo y a la actividad de la histórica marca no se han hecho esperar. De hecho, la rápida movilización de los empleados afectados está generando una catarata de reacciones institucionales que este jueves han ido desde la Junta hasta la Diputación, pasando por sindicatos.

Este mismo jueves está prevista una reunión intercentros en Madrid, donde se fijará la fecha de la primera reunión negociadora con la compañía.

El comité de empresa pide "proteger" la fábrica

El secretario del comité de empresa de la planta de La Bañeza, Miguel Santos, ha explicado que la plantilla y sus familias están están muy preocupados por el posible alcance de ese ERE, del que todavía no tienen detalles. "Es la última planta queda en nuestra provincia después de otros cierres”, recordó antes de remarcar que “nuestro sector no es solo el industrial de la transformación, sino que afecta al medio rural por la producción de remolacha".

"Somos los mayores productores de España, con regadíos e inversiones muy importantes, y generamos asentamiento de población. Hay que proteger esta fábrica, poner en valor la capacidad que tenemos de crecer y duplicar la producción en una instalación moderna”, aseguró Santos, quien también explicó que en La Bañeza cuentan con la ventaja de tener los cultivos al lado, lo que rebaja costes. 

Santos también reclamó a todas las administraciones, incluso las europeas, que tomen cartas en el asunto, ya que el problema está en el mercado internacional y la caída de precios, que hará que se siembre menos remolacha porque los precios no son atractivos. Además hay “competencia desleal” por la entrada de azúcar de terceros países. “Queremos demandar a todas las administraciones que protejan el sector porque no se puede permitir que esté entrando azúcar de terceros países que no cumplen las mismas condiciones de producción, tanto a nivel medioambiental como laboral, y que es un grave perjuicio”, terminó.

La Junta exige responsabilidad a la empresa

Dicho y hecho, al menos de cara al exterior. La Junta ha prometido entrar en contacto "de inmediato" con los comités de empresa y con la propia marca para exigirle "responsabilidad". El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró desde Valladolid que el ánimo con el que acudirán a la reunión que surja de esa “puesta en contacto” entre la Junta y la empresa será el de “escuchar de primera mano los planes, propuestas e iniciativas” de Azucarera, si bien también planteó que llamarán “a la responsabilidad” a la compañía para que “se comprometa con Castilla y León, su empleo y su actividad productiva”.

El objetivo final será, según esgrimió Carriedo, “buscar acuerdos” y conseguir “proyectos” con los que “mantener el mayor volumen de empleo posible”, dado que Castilla y León “es la referencia en España en el sector de la remolacha y el azúcar”, con el mayor número de producción y plantas, por lo que el Gobierno autonómico tiene “más interés, seguimiento y preocupación ante esta cuestión”, informó Ical.

Colaboración "en lo que sea preciso"

Por esa misma razón, el portavoz de la Junta aseguró la colaboración del Gobierno autonómico “en lo que sea preciso” para que Azucarera mantenga el empleo en sus plantas de La Bañeza, Toro y Miranda de Ebro, así como en la envasadora de Benavente, aunque también reconoció que, en función de que se lleve adelante o no el ERE, corresponderá a la Junta “tramitar o no los expedientes en materia de empleo, en función de si el expediente es de ámbito nacional o autonómico”.

En todo caso, Carriedo aseguró el apoyo de la Junta al sector de la remolacha y el azúcar, al que recordó que se destinaron “ayudas específicas para su producción fuera de las ayudas de la PAC”, lo que permitió que “muchos agricultores se acogieran a esta línea” e incentivó que la Junta tuviera que doblar los fondos requeridos para esta convocatoria y lograr que, con esa aportación, el cultivo de la remolacha siguiera siendo “atractivo” pese a “la disminución del precio al que las plantas azucareras compran la remolacha”.

De hecho, Carriedo acusó al Gobierno de realizar “campañas de forma irresponsable” que favorecen la reducción del consumo del azúcar, algo que, junto a la reducción del precio de este producto en los mercados internacionales, motiva una realidad “que las plantas y sus trabajadores sufren en primera persona”.

Eduardo Diego y Fidentino Reyero

Por su parte, y en la misma línea que Carriedo, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, y el jefe del Servicio Territorial de Agricultura, Fidentino Reyero, recibieron este jueves a una representación del comité de empresa de La Azucarera de La Bañeza, a quienes trasladaron “el apoyo” de la administración autonómica a esta planta que lleva en funcionamiento desde el año 1931 y que emplea a unas 160 personas en campaña, así como “el compromiso firme con el atractivo sector de la remolacha y clave para Castilla y León”.

“Les hemos hecho llegar el apoyo al sector, a la planta y a los trabajadores y vamos a pedir a la empresa la mayor responsabilidad en cuanto a la reducción de empleos que tienen planteada y en cuanto al futuro del sector del azúcar en la provincia de León”, señaló el delegado territorial tras un encuentro en el que también participaron el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, y la concejala Elena Baílez, quienes han insistido en la importancia de esta industria en la comarca. 

El apoyo de Diputación es "absoluto e incondicional"

También han llegado apoyos a los trabajadores de la planta de La Bañeza desde el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación provincial, donde el presidente Gerardo Álvarez Courel ha asegurado que la actividad en esta fábrica "es vital para el medio rural en que se asienta". “Nuestro apoyo es absoluto e incondicional. Esta es una planta que lleva funcionando desde el año 1931, actualizada a nivel de tecnología para poder producir, incluso, el doble, de lo que produce hoy en día", incidió Courel tras reunirse con el secretario del comité de empresa, Miguel Santos.

“Lo que estamos defendiendo es frenar la despoblación en el medio rural. No hay nada mejor que producir cerca de donde tienes la central de transformación, en este caso la Azucarera, y producir la gran cantidad de remolacha que produce León”, añadió el presidente de la institución provincial para recordar que la preocupación no es solo por los trabajadores afectados directamente sino también por los agricultores, empresas de transporte, logística y venta de fitosanitarios del entorno. “Por tanto tenemos claro que el conjunto del cultivo de la remolacha y procesamiento, a través de la Azucarera, debe seguir. Vamos a pelear, y mucho, para que ese ERE afecte a las menores personas y las condiciones sean las adecuadas. No vamos a renunciar nunca a defender la fabrica de La Bañeza, que debe seguir existiendo”, remarcó el presidente.

Además, Courel anunció que todos los grupos políticos de la Diputación de León llevarán al próximo pleno, la semana que viene, una declaración institucional “en la que haremos defensa de unidad”.

UPA: "Deberían cortarse cabezas"

Finalmente, el secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González, señaló también este jueves que la situación que enfrenta Azucarera es debida a la realización de una política “errónea y errática” llevada a cabo desde hace años. Durante un encuentro con su homólogo de la organización profesional agraria a nivel nacional, Ignacio Huertas, para abordar la situación actual del sector del cereal, González recordó que la compañía “no quiso” contar con las organizaciones agrarias y “se nos sacó del acuerdo marco interprofesional donde podíamos vigilar”.

González explicó que hace años, la remolacha se presentaba como un cultivo “estratégico” y que se integraba en el “corazón” de la Comunidad, al haber sido un cultivo “social” que “ha sacado adelante a muchas familias”. Con todo lo que ha ocurrido, los agricultores “han perdido el miedo” a no sembrar remolacha, que no es otra que la “consecuencia” de la acción de Azucarera.

A ese respecto, el responsable regional de UPA apuntó que, posiblemente, se cierre la planta de Miranda de Ebro, aunque el foco está en lo que pueda pasar con las de La Bañeza y la de Toro (Zamora). Aurelio González lamentó que todos los esfuerzos que se han realizado desde el sector por “presionar” a la administración para poner ayudas a la remolacha “no hayan servido” debido a la “mala política” llevada a cabo por Azucarera. “Deberían cortarse cabezas y pedir responsabilidades”, sentenció González.