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La Junta pide "sacar todas las oportunidades" del fallo "favorable" del Puerto de Pinos

La Junta pide "sacar todas las oportunidades" del fallo "favorable" del Puerto de Pinos.

Carriedo señala que la sentencia del Supremo sobre los pastos leoneses “no habla de la necesidad de expropiar” al Ayuntamiento de Mieres

El portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, señaló este miércoles que la sentencia emitida por el Tribunal Supremo que declara la ilegalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Mieres en el Puerto de Pinos, en territorio leonés, “no habla de la necesidad de expropiar” esos terrenos al mencionado Consistorio.

Carriedo, en declaraciones recogidas por Ical durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se congratuló por la inadmisión del recurso de casación expuesto ante el Supremo por el Ayuntamiento de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que declaraba como ilegales las actuaciones llevadas a cabo por el consistorio en estos terrenos, en territorio de Castilla y León.

Un nuevo Plan de Gestión

Por ello, Carriedo pidió al Ayuntamiento de Mieres que aplique esta sentencia “en su integridad”, aunque también matizó que la misma no obliga a la Junta a expropiar esos terrenos, por lo que la postura del Gobierno autonómico será “elaborar un nuevo Plan de Gestión del espacio natural de Babia y Luna y, en ese contexto, establecer las limitaciones al uso de determinadas actividades” como el pastoreo por parte de vecinos de Mieres.

De esta manera, la Junta buscará “sacar todas las oportunidades” para Castilla y León en los terrenos de pastos del puerto a través de un plan de gestión de ese espacio natural desde la defensa “siempre” de los intereses de Castilla y León y sin menoscabo de analizar las solicitudes que los ganaderos de Mieres puedan presentar.

Carriedo defiende el diálogo

“Es razonable ver la solicitud y luego tomar la decisión”, defendió Carriedo, que apostó por el “diálogo y máximo nivel de acuerdo” con todos los afectados para “encontrar una fórmula lo más garantista posible y que satisfaga los intereses de nuestra Comunidad”.