Vivienda ordena retirar más de 53.000 pisos turísticos ilegales de plataformas digitales
Castilla y León registra 904 anuncios revocados, con León a la cabeza, en la lucha contra el fraude en alojamientos temporales
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a plataformas digitales la retirada de 53.876 pisos turísticos ilegales, alojamientos que habían solicitado el número de registro obligatorio, pero que no cumplieron los requisitos legales y constan como revocados. “El objetivo del Gobierno es que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial”, afirmó el Ministerio.
En Castilla y León, se revocaron 904 anuncios, de los cuales más de cien corresponden a la provincia de León, reflejando el impacto de la medida en la Comunidad.
Ventanilla Única Digital: cruzando datos para acabar con el fraude
Desde agosto, registradores, Ministerio y plataformas digitales comparten información a través de la Ventanilla Única Digital, impulsada por la ministra Isabel Rodríguez. Esta herramienta permite identificar y retirar anuncios de pisos turísticos que operan sin código o con documentación incompleta.
“Gracias a este registro único, España se convierte en el primer país de Europa en contar con un mecanismo que combate el fraude en los alquileres turísticos”, subrayó el Ministerio.
Datos nacionales y locales del registro de alojamientos
Desde el 1 de enero, el registro ha recibido 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres turísticos. Del total, 53.786 han sido revocadas, el 20,3% de los casos.
En Castilla y León, las 904 revocaciones reflejan la aplicación estricta de la normativa. Los registros incluyen tanto alojamientos que presentaron documentación incompleta como aquellos que no subsanaron irregularidades en el plazo fijado.
Impacto en las ciudades y barrios
El Ministerio insiste en que la medida busca “preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades”. La iniciativa afecta tanto a grandes capitales como a localidades medianas, y en Castilla y León se espera que contribuya a regularizar el mercado de alquiler temporal.