Piden nueve años de cárcel para 16 bercianos acusados de crear una red de venta de droga
El juicio arrancará el próximo martes en la Audiencia Provincial de León y se extenderá a lo largo de tres días
La Fiscalía de Ponferrada pide entre cinco y nueve años de prisión para los 16 acusados de delitos contra la salud pública, 13 hombres y tres mujeres, que formaban parte de una red desarticulada en el Bierzo tras una investigación realizada entre los años 2016 y 2017.
La Audiencia Provincial de León celebrará la vista oral los próximos días 25, 26 y 27 de noviembre, donde se juzgará a estos acusados por la venta de cocaína, hachís, marihuana, éxtasis, THC y anfetamina en las comarcas del Bierzo y Valdeorras. Además, a tres de ellos, se les aplica la agravante de distribución en establecimientos abiertos al público, en ‘Alimentación Elías’, situado en Molinaseca, y en un bar de la localidad de Toral de los Vados.
Según el documento de la Fiscalía, las primeras intervenciones se produjeron en enero de 2016, cuando agentes de la Policía Nacional interceptaron a un cliente del establecimiento de Molinaseca con una dosis de cocaína. Tras ello, se intervinieron las comunicaciones de los dueños de la tienda, un matrimonio que utilizaba el local para la venta de droga. Para este matrimonio se piden penas de ocho años de cárcel y una multa de 28.000 euros.
Cocaína y marihuana
Durante la investigación se determinó también que un vecino de Ponferrada suministraba los estupefacientes a la tienda de Molinaseca y en su domicilio se incautaron 155 gramos de cocaína en roca, entre otras cantidades de cannabis.
También se comprobó la implicación del hermano de la propietaria de ese local de Molinaseca y su pareja, que se dedicaban a llevar la droga a distintos puntos del Bierzo. Ambos adquirían esas sustancias de otro matrimonio que, a su vez, llevaba la droga el bar de Toral de los Vados, desde donde se distribuía a todo el Bierzo y Valdeorras. Para el regente del bar de Toral de los Vados se piden nueve años de prisión y una multa de 137.000 euros.
Ante este relato, se reclaman penas que oscilan entre los cinco y nueve años de prisión para los acusados por presuntos delitos contra la salud pública en diferentes modalidades y multas que superan los 130.000 euros.