Alantre denuncia "el fracaso" de la privatización de la gestión del agua en La Bañeza
El grupo concejil ALANTRE ha criticado duramente la reciente subida de tarifas del agua anunciada por el Ayuntamiento de La Bañeza, que supondrá un incremento de 60 euros anuales por vecino. Según han señalado, esta medida responde a la necesidad de hacer frente a una deuda de 1,9 millones de euros con Aqualia, la empresa privada concesionaria del ciclo integral del agua (abastecimiento, alcantarillado y depuración).
"Nuevo tarifazo que pagarán los vecinos"
Desde ALANTRE consideran que este “nuevo tarifazo” es consecuencia directa de lo que califican como “un modelo fracasado de externalización de un bien básico como el agua”. Recuerdan que La Bañeza es el único municipio de la provincia de León donde la gestión del agua está completamente privatizada, y afirman que ello ha derivado en un sistema donde “la ciudadanía paga las consecuencias de una deuda generada por fórmulas tarifarias automáticas vinculadas al IPC, el coste energético y los salarios”.
Asimismo, denuncian que “mientras Aqualia asegura beneficios, es el Ayuntamiento quien asume el riesgo financiero, trasladando los costes a los hogares”. En ese sentido, apuntan que la construcción de la depuradora en 2016, financiada por la empresa concesionaria, “ha comprometido seriamente el presupuesto municipal durante años”. También critican “la falta de una actualización progresiva de las tarifas desde 2013”, lo que, en su opinión, ha generado “una bola de nieve que ahora se traduce en una subida generalizada”.
Defensa de la gestión "pública y directa del agua"
Como alternativa, ALANTRE defiende “la gestión pública y directa del agua”, y señala como ejemplos exitosos a municipios como Sahechores de Rueda, donde la Junta Vecinal “gestiona íntegramente el ciclo del agua sin generar deuda ni depender de empresas externas”; o Santa Elena de Jamuz, donde la gestión también es completamente pública, “con tarifas estables y con cada euro reinvertido en el propio servicio”.
Por todo ello, el grupo concejil exige “la revisión de los contratos con Aqualia y otras concesionarias”, y llama a abrir un debate en los municipios leoneses sobre la recuperación de la gestión pública del agua. “No se puede permitir que los errores de la privatización los pague la gente”, concluyen.