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UGT-Fica denuncia un "cierre encubierto" en la Azucarera de La Bañeza y ve "mala fe" en la empresa

Trabajadores de Azucarera de conectan frente a la sede de las Cortes para defender sus puestos de trabajo. Fotos: Rubén Cacho

Benigno Pérez, portavoz sindical, advierte de presuntas irregularidades en el ERE y de una estrategia para desmantelar la planta leonesa sin reconocer el cierre

La sección sindical de UGT-Fica en AB Azucarera Iberia ha denunciado públicamente la gestión del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a varias instalaciones de la compañía, y especialmente a la fábrica de La Bañeza, cuya continuidad estaría en serio peligro. El portavoz del sindicato y presidente del comité de empresa de la planta leonesa, Benigno Pérez, ha afirmado este lunes que la empresa ha actuado con “mala fe” y ha recurrido a prácticas “de dudosa legalidad”.

Según Pérez, se trata de una estrategia elaborada durante el último año con el fin de “cerrar encubiertamente la planta de La Bañeza”, presentando un ERE “que distorsiona la realidad y busca eludir las responsabilidades legales de un cierre formal”. La acusación se produce en un momento clave, a pocos días de la quinta reunión de la comisión negociadora del expediente, prevista para este lunes, 23 de junio.

“La empresa ha falseado los censos y ha desinformado”

Entre los argumentos esgrimidos por el sindicato figura el supuesto “falseamiento deliberado de los censos”, provocado por el traslado de trabajadores entre centros durante el propio proceso de negociación. Pérez sostiene que esta maniobra ha generado confusión y ha sido utilizada para “maquillar los datos reales” del personal afectado.

“La empresa conoce perfectamente los requisitos legales que rigen los despidos colectivos y los cierres de centros de trabajo, y está jugando a mezclar normas para camuflar un cese de actividad que debería reconocerse como cierre definitivo”, ha advertido el dirigente sindical.

UGT-Fica también ha recordado que esta forma de proceder no es nueva y ha traído a colación el intento previo de expediente por fuerza mayor en La Bañeza, que, según afirma, “resultó fraudulento”.

Un ERE que encubre un cierre paulatino

Pérez ha denunciado que la compañía lleva aplicando desde abril de 2024 una “táctica encubierta” con el cierre de los laboratorios de pago por riqueza y el cese progresivo de personal por la vía del despido objetivo, lo que para UGT-Fica evidencia que el ERE actual es solo la culminación de un proceso de desmantelamiento ya en marcha.

“Se está creando la ficción de que la planta sigue activa, cuando en realidad se está dejando sin contenido su actividad principal: la molturación de remolacha”, ha afirmado.

Falta de transparencia en las actas de la comisión

Otro de los puntos de fricción está en el propio funcionamiento de la comisión negociadora del ERE. UGT-Fica ha acusado a la parte mayoritaria de excluir sus aportaciones en las actas de las reuniones. Según Pérez, el borrador de la reunión del 17 de junio “omite intervenciones clave” y se entregó tarde, “coincidiendo sospechosamente con el fin de semana”.

El portavoz sindical ha exigido que se adjunte un documento de alegaciones al acta oficial para dejar constancia de la postura de UGT-Fica y ha recordado que su sección no firma actas desde septiembre de 2023 por este tipo de prácticas.

Llamamiento a la unidad frente al cierre de La Bañeza

UGT-Fica ha reiterado su “oposición total” al proceso de despido colectivo, que afectaría gravemente al futuro de la planta leonesa, y ha hecho un llamamiento a la unidad sindical e institucional para frenar el cierre. “Si Acor es rentable, que expliquen por qué Azucarera no puede serlo”, ha lanzado Pérez, comparando la situación de la compañía con la de su competidora cooperativa.

A pesar de las tensiones, el sindicato ha confirmado que asistirá a las próximas reuniones de la comisión hasta el día 25 “para negociar de buena fe y conseguir el mejor acuerdo posible”, aunque también ha advertido que usará todos los recursos legales disponibles para solicitar la anulación del procedimiento, por entender que “incumple la normativa vigente”.