UPL se suma a Asaja para exigir "implicación real" de la Junta con los remolacheros

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) exigió este jueves a la Junta de Castilla y León que "defienda a los remolacheros de León" tras conocerse que la empresa AB Azucarera rescindió unilateralmente los contratos con varios cultivadores de remolacha para la próxima campaña, "lo que supone un duro varapalo más para una comarca ya afectada de por sí por el cierre de la Azucarera de La Bañeza y la ausencia de alternativas industriales".

"Desde la formación leonesista nos sumamos a la petición de la organización Asaja para la urgente intervención de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, para que actúe mediante la Junta de Arbitraje y Mediación para los Contratos Agrarios, creada por el Decreto 47/2018 de 31 de octubre. Todo ello para que se proteja a los agricultores de la provincia con una decisión que no hace sino que poner aún más en riesgo la viabilidad de un cultivo gravemente afectado por el cierre de la Azucarera de La Bañeza", señalaron los leonesistas.

Acuerdos desfavorables

Según continuaron exponiendo, lo cierto es que la compañía alega “desatención del cultivo y rendimientos inferiores a los deseados” y que lleva a muchos agricultores a aceptar acuerdos muy desfavorables para evitar el proceso judicial que conllevaría no hacerlo. “Es un duro varapalo para el sector agrario y para el mundo rural de la Región Leonesa y la Junta debe garantizar su defensa y la pervivencia de un modo de vida que ahora tiene un futuro negro”, reconocieron.

La "mínima proactividad" de la Junta

A esta grave situación se suma “la mínima proactividad” de la Junta de Castilla y León a la hora de garantizar una alternativa para las instalaciones de la Azucarera de La Bañeza tras el anuncio de su cierre definitivo. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, se limita a decir que “no se plantean opciones satisfactorias” en un compromiso institucional inexistente que se evidencia con casi medio año de ausencia de alternativas y que requieren de “un mayor grado de implicación” para que la comarca mantenga el uso productivo y el empleo pérdido.