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Los 31.435 funcionarios en León contarán con un incremento salarial del 11,4% hasta 2028 con un 2,5% inmediato y retroactivo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) rubricó el acuerdo de incremento salarial para los funcionarios.

El acuerdo entre Función Pública, UGT y CSIF eleva al 11,4% la subida acumulada hasta 2028 y garantiza retroactividad desde enero de 2025

El nuevo acuerdo salarial alcanzado entre el Ministerio de Función Pública y dos de las principales centrales sindicales, UGT y CSIF, comenzará a aplicarse en León en la nómina del próximo mes de diciembre.

Los 31.435 empleados públicos de la provincia —17.384 de ellos vinculados laboralmente a la Junta de Castilla y León y el resto distribuidos entre la administración local y estatal— percibirán un aumento del 2,5% correspondiente al ejercicio 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Este primer incremento forma parte de un marco retributivo plurianual que busca garantizar el poder adquisitivo hasta 2028.

Subidas en 2026 y 2027

El calendario continuará en 2026 con un aumento fijo del 1,5%, acompañado de un 0,5% adicional variable que se abonará en el primer trimestre de 2027 si el IPC anual alcanza o supera el 1,5%.

Para 2027, los salarios de los empleados públicos experimentarán un incremento del 4,5%, mientras que en 2028 se aplicará una subida del 2%.

Según los cálculos de la mesa negociadora, la acumulación de estos tramos supondrá una mejora salarial del 11,4% por el efecto de arrastre de las cuantías consolidadas año a año.

Apoyo sindical parcial y tensiones en la negociación

El acuerdo ha contado con el respaldo de UGT y CSIF, mientras que CCOO se ha desmarcado finalmente. El proceso ha requerido cuatro reuniones para cerrar un texto que el Gobierno define como un avance para los servidores públicos y un mecanismo para garantizar su poder adquisitivo en el contexto económico actual.

CSIF sostiene que su apoyo responde a un criterio de responsabilidad y destaca la complejidad del momento, marcado por la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones fijadas por la Unión Europea. No obstante, la organización recuerda que la firma no implica un aval automático y anuncia que vigilará el cumplimiento de cada punto en la comisión de seguimiento que se constituirá en un plazo máximo de 15 días.

Supresión de la tasa de reposición y mejoras organizativas

Entre los compromisos incluidos destaca la supresión de la tasa de reposición, una medida que permitirá reforzar plantillas tanto en la provincia de León como en el conjunto del país. El Gobierno ha abierto también la puerta a negociar la reducción de la jornada laboral a 35 horas, la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado y mejoras en ámbitos como el mutualismo administrativo, la promoción interna, la jubilación o la agilidad de los procesos selectivos.

Asimismo, se contemplan actualizaciones en complementos de residencia e insularidad, la mejora de la atención al público, la adaptación de la clasificación de puestos y la revisión de las retribuciones del personal laboral en el exterior.

Impacto en León: plantilla amplia y atomizada

La provincia de León, con un volumen notable de personal público, verá trasladado a su estructura administrativa este incremento progresivo de salarios. Más de 17.000 empleados dependientes de la Junta se suman a los vinculados a la administración estatal y a los ayuntamientos, conformando un colectivo clave en la prestación de servicios sanitarios, educativos, sociales y administrativos.

Según UGT Servicios Públicos, el acuerdo no solo implica una recuperación parcial del poder adquisitivo perdido, sino que facilita que las ofertas públicas de empleo se aceleren y que la Administración pueda absorber nuevos efectivos y promover al personal interno.