La Asociación Infancia Silenciada traslada sus inquietudes a la presidenta del Tribunal de Instancia de León
El Tribunal de León refuerza su compromiso contra la violencia vicaria | La presidenta Mónica Ramírez Encinas se reúne con Infancia Silenciada y aboga por “poner freno desde las instituciones”
La presidenta del Tribunal de Instancia de León, Mónica Ramírez Encinas, ha mantenido este viernes un encuentro con víctimas de violencia vicaria machista integradas en la Asociación Infancia Silenciada, entidad con sede en León que atiende casos de todo el país.
Durante la reunión, que se prolongó durante hora y media, las representantes de la asociación —madres, abuelas y profesionales vinculadas también a la Coordinadora Estatal contra la Violencia Vicaria Machista— trasladaron su preocupación por lo que consideran un “problema estructural que afecta a todos los juzgados de nuestro país”. Según señalaron, en Castilla y León “hay cientos de casos” y en León “comienza a ser un grave problema”.
Custodias impuestas y protección de menores
Infancia Silenciada expresó su inquietud por las “custodias compartidas impuestas” y la falta de protección efectiva a menores en contextos de violencia de género. “No podemos permitirnos por más tiempo que se sigan destrozando infancias”, advirtieron, al tiempo que reclamaron que se sitúe a las víctimas “en el centro, desde las perspectivas feminista, de infancia y de derechos humanos”.
La asociación denunció que la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia “no se está cumpliendo”. A su juicio, aunque la norma pone el foco en la “sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de maltrato infantil”, en la práctica “las instituciones no cumplen la ley y aquí no pasa absolutamente nada”.
Asimismo, alertaron de situaciones que consideran frecuentes en los juzgados, como la imposición de regímenes de visitas con progenitores denunciados por maltrato sin investigación suficiente, presiones psicológicas hacia los menores o la utilización del “falso e inexistente SAP hacia las madres protectoras”.
“Una lacra social” que exige alianzas
Por su parte, Mónica Ramírez Encinas manifestó que la violencia vicaria machista es “una lacra social a la que hay que poner freno desde las instituciones” y defendió la necesidad de “generar alianzas estratégicas en torno a políticas, prácticas y normas para erradicar las violencias de género vicaria e institucional”.
El encuentro tuvo lugar en una jornada marcada por la actualidad, ya que, según expusieron durante la reunión, ese mismo día se había producido el segundo crimen de violencia vicaria de la semana, con unas cifras que, afirmaron, “crecen exponencialmente”.
Revisión caso por caso y especialización judicial
Infancia Silenciada pidió que se revisen los procedimientos “caso por caso” y que se adopten más medidas cautelares, recordando que pueden acordarse “antes, durante y después” del proceso judicial. También reclamaron que las audiencias provinciales que resuelven recursos en materia de familia cuenten con especialización y no se limiten a aplicar de forma automática el criterio favorable a la custodia compartida.
“Las decisiones judiciales tienen consecuencias reales y devastadoras en la vida de muchas madres e hijos”, denunciaron, advirtiendo de que “se están imponiendo custodias compartidas con maltratadores, sin que exista acuerdo, y luego no hay forma de corregirlo judicialmente”.
En su intervención final, la organización exigió “tolerancia cero a la violencia de género contra la infancia y contra sus madres” y apeló a ampliar derechos y garantías. “De lo contrario —concluyeron— todos seremos cómplices de la normalización de tanta violencia; todos somos parte de la solución”.