Asturias da 'luz verde' a una multa de hasta 1,1 millones a Aucalsa ante las lamentables condiciones del Huerna y busca liberar la conexión con León
El Gobierno del Principado de Asturias ha dado un nuevo paso en su estrategia para exigir mejoras en la autopista AP-66, conocida como el Huerna, al aprobar el inicio del procedimiento para imponer una sanción de 1,1 millones de euros a Aucalsa, empresa responsable de la concesión. La decisión se enmarca en la voluntad del Ejecutivo autonómico de favorecer unas conexiones más eficientes entre Asturias y León, al considerar que las condiciones actuales de la vía no se corresponden con el importe que abonan los conductores por utilizarla.
La decisión fue ratificada por el Consejo de Gobierno y se sustenta en un expediente tramitado por la Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, dirigida por Ovidio Zapico.
Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo asturiano, defendió la actuación del Principado durante la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. "No se da el servicio en condiciones. Lanzamos un mensaje: defendemos el interés general de una infraestructura estratégica", manifestó, en referencia a una autopista que constituye el principal eje de comunicación entre Asturias y la provincia de León.
El portavoz del Gobierno añadió además que "tenemos que reivindicar que las obras se lleven con máxima celeridad", al entender que la duración de los trabajos y las limitaciones al tráfico están afectando de forma directa a miles de usuarios que utilizan diariamente esta infraestructura.
Dos infracciones incluidas en el expediente
La propuesta sancionadora contempla dos penalizaciones diferenciadas. La principal asciende a un millón de euros y responde a una presunta infracción muy grave por mantener el cobro completo del peaje mientras las condiciones de circulación se han visto reducidas como consecuencia de las obras y las restricciones existentes en la autopista.
A esa cantidad se suma una segunda sanción de 100.000 euros, calificada como presunta infracción grave, al entender el Principado que la información facilitada por la concesionaria a los conductores sobre las afecciones al tráfico y las limitaciones derivadas de las obras no habría sido suficiente para que los usuarios pudieran decidir con conocimiento de causa si utilizar la AP-66 o recurrir a otros itinerarios.
Según el Ejecutivo asturiano, se trata del expediente sancionador de mayor cuantía promovido hasta la fecha por la Dirección General de Consumo.
El Principado mantiene el diálogo con el Ministerio
El Gobierno autonómico insistió igualmente en que esta actuación administrativa es compatible con las conversaciones abiertas con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acerca del futuro de la autopista del Huerna y de las medidas que permitan mejorar la movilidad entre Asturias y León.
En este sentido, Guillermo Peláez explicó que "se mantienen conversaciones con lealtad con el Ministerio, pero es de sobra conocida nuestra postura y la suya", en alusión a las diferencias existentes respecto a la supresión del peaje defendida por el Principado y descartada hasta el momento por el departamento que dirige Óscar Puente.
El consejero subrayó que ambas líneas de actuación continuarán desarrollándose de forma paralela. "Dialogamos si es posible y actuamos cuando sea necesario. No nos cerramos al diálogo, pero tampoco nos quedamos quietos", afirmó, reiterando que el objetivo del Ejecutivo autonómico pasa por defender los intereses de los usuarios y reclamar que una infraestructura esencial para la conexión entre Asturias y León preste un servicio acorde con las tarifas que pagan quienes la utilizan.