Asturias impulsa la batalla contra el peaje del Huerna mientras Castilla y León guarda silencio y no se suma
El peaje de la autopista del Huerna, vigente desde 1983 y con horizonte hasta octubre de 2050, se ha convertido en una de las grandes batallas políticas del Principado de Asturias.
Allí, gobierno autonómico, partidos de la oposición, patronales y juristas discuten estrategias para tumbar la concesión de Aucalsa, tras el aviso de la Comisión Europea de que España pudo vulnerar la normativa comunitaria al ampliar y privatizar el contrato sin concurso público.
En Castilla y León, silencio
En cambio, en Castilla y León, donde miles de leoneses utilizan a diario esta vía para comunicarse con Asturias, el debate permanece ausente. Ni la Junta ni las instituciones provinciales han emprendido pasos semejantes a los asturianos, pese a que la AP-66 constituye la principal salida natural de León hacia la cornisa cantábrica.
Barbón anuncia ofensiva política y jurídica
Durante el último debate de orientación política en la Junta General, el presidente asturiano, Adrián Barbón, fue tajante: «Solicitaré antes de final de año la revocación del peaje directamente a la Comisión Europea», subrayó, recordando que lo hará «con el aval jurídico de un informe encargado expresamente». Añadió que el Principado «contratará a los mejores administrativistas» para reforzar sus argumentos.
Toda la oposición respaldó la ofensiva, aunque la diputada de Somos, Covadonga Tomé, advirtió de que «quien tiene capacidad de revertir el contrato es el Gobierno central». Barbón respondió que la iniciativa de Bruselas abre una oportunidad que Asturias no debe desaprovechar: «Claro que nos tenemos que personar, porque hasta ahora no hemos sido parte del procedimiento».
Juristas señalan nuevas vías de acción
A nivel jurísico, aunque el Principado no pueda ser parte en el recurso de incumplimiento que tramita la Comisión Europea contra España, sí podría explorar la vía contencioso-administrativa. Cuando hay causa de nulidad en un contrato, pedir su revisión de oficio en vía contencioso-administrativa corresponde al Tribunal Supremo, vía que ahora se explora.
El contraste
Mientras Asturias abre frentes políticos, sociales y jurídicos, en Castilla y León la respuesta es el silencio. Ni la Junta ni el resto de administraciones locales, esencialmente Diputación, han tomado la iniciativa en un asunto que afecta de lleno a la vertebración territorial de la provincia y a su conexión con el norte de España.
Patronales asturianas como Fade ya estudian denunciar el peaje ante el Tribunal Supremo, siguiendo el ejemplo de una patronal gallega que prepara un recurso similar contra otra autopista. En León, en cambio, no se ha articulado ninguna estrategia empresarial ni social que acompañe el pulso de los asturianos contra la concesión.
Una batalla desigual
El futuro del peaje del Huerna se juega en Bruselas, en Madrid y posiblemente en los tribunales, pero la intensidad de la movilización política contrasta entre comunidades. Asturias libra «una batalla social, política y jurídica», como la ha definido el propio Barbón. León, principal afectado junto con el Principado por el peaje más longevo de España, observa sin protagonismo una partida que puede definir su conectividad durante las próximas décadas.