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El avance del paso inferior de La Granja reabre el debate sobre la Ronda Norte, una infraestructura de cien millones sin proyecto ni fecha para cerrar la circunvalación de León

Imagen del proyecto de Ronda Norte para León, una de las pocas ciudades a nivel nacional que no tiene finalizada su circunvalación.
Las obras en la LE-20 contrastan con el bloqueo de la gran infraestructura pendiente de la capital, una actuación de casi 100 millones que continúa sin documento de ejecución aprobado, sin licitación y sin calendario pese a haber sido anunciada hace más de tres años

La reactivación de las obras del paso inferior de la LE-20 en el entorno de La Granja, visibles desde hace semanas tras un largo periodo de trabajos preparatorios, ha vuelto a poner el foco sobre una de las asignaturas pendientes de la red viaria leonesa: el cierre definitivo de la ronda de la capital.

La intervención, que mejorará la permeabilidad y la seguridad en uno de los puntos de la circunvalación por el que circulan alrededor de 30.000 vehículos diarios, supone un avance en una infraestructura ya existente. Sin embargo, también evidencia que la actuación de mayor alcance para la movilidad del área metropolitana continúa sin dar el salto desde la planificación administrativa a la fase de ejecución.

Mientras las máquinas trabajan en La Granja, la Ronda Noroeste permanece sin un proyecto constructivo firmado y aprobado que permita iniciar la contratación de las obras.

Sin proyecto ejecutable ni firma para iniciar la obra

La infraestructura llamada a completar el cinturón de circunvalación de León fue presentada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el 18 de marzo de 2023 con la apertura de la información pública del estudio informativo y de la evaluación ambiental.

Desde entonces, el expediente no ha dado el paso decisivo. Más de tres años después del anuncio, la actuación sigue limitada a la fase de estudio, sin que exista un proyecto constructivo definitivo validado por el Ministerio, condición imprescindible para poder licitar los trabajos.

La ausencia de ese documento técnico mantiene paralizada una inversión estimada en 94,3 millones de euros y deja sin horizonte una infraestructura considerada estratégica para la movilidad de León y de su alfoz.

Un trazado pensado para completar la circunvalación

El diseño planteado contempla una nueva vía de 11,7 kilómetros destinada a enlazar la N-630 con la A-66 y la AP-66 mediante una autovía de doble calzada, con dos carriles por sentido y velocidad de proyecto de 120 kilómetros por hora.

La actuación incluye cuatro enlaces principales y está concebida para absorber parte del tráfico de largo recorrido que actualmente atraviesa o bordea la capital, especialmente el transporte pesado.

Además de León, el trazado beneficiaría directamente a los municipios de San Andrés del Rabanedo, Sariegos y Valverde de la Virgen, reforzando la conexión entre la ciudad y su área metropolitana.

Una reivindicación recurrente desde el Ayuntamiento

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha insistido de forma reiterada en que la situación permanece sin cambios y ha vuelto a reclamar avances en una infraestructura que considera prioritaria para la ciudad.

El regidor ha recordado que León continúa siendo una de las capitales españolas que no dispone de un cinturón de ronda completamente cerrado, circunstancia que, a su juicio, limita la movilidad y dificulta la salida del tráfico de paso fuera del casco urbano.

Las demandas municipales coinciden con la falta de novedades administrativas por parte del Ministerio, que desde la apertura del trámite ambiental no ha anunciado la aprobación del proyecto ni la apertura de un proceso de contratación.

Una infraestructura estratégica que sigue sin calendario

La futura Ronda Noroeste no solo pretende mejorar la circulación, sino también incrementar la seguridad vial, reducir la intensidad del tráfico en zonas urbanas y favorecer la conectividad logística del entorno leonés.

El planteamiento inicial incorporaba medidas de integración ambiental, protección de la fauna y reducción del impacto acústico, además de prever su compatibilidad con futuros desarrollos urbanísticos.

No obstante, ninguno de esos objetivos puede materializarse mientras la actuación permanezca sin proyecto constructivo ejecutable y sin la firma administrativa que permita activar la licitación de las obras.