El Ayuntamiento de León, condenado a indemnizar con 10.000 euros al viceinterventor por bloquear su plaza
El Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de León ha condenado al Ayuntamiento de León a indemnizar con 10.000 euros por daños morales al viceinterventor municipal por haber impedido durante cinco meses su incorporación a la plaza, además de abonar 28.314 euros correspondientes a la factura del despacho jurídico que ha llevado la defensa del funcionario en los distintos pleitos derivados del caso.
La sentencia, firmada el pasado 13 de enero y conocida en los últimos días, supone un nuevo varapalo judicial para el equipo de gobierno socialista que encabeza José Antonio Diez. El fallo obliga además a otorgar carácter definitivo al nombramiento, si bien el Ayuntamiento todavía puede interponer recurso.
“Mala fe y vulneración de derechos”
El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, aseguró que el fallo judicial es “especialmente grave”, al tratarse de un asunto de personal y por el contenido de la resolución. Según explicó, el juez “habla de mala fe, desviación de poder y vulneración de derechos fundamentales, y reconoce de forma expresa los daños morales causados al afectado”.
Fernández sostuvo que la sentencia “refleja una manera de gobernar discrecional, autoritaria y totalmente despótica”, una forma de actuar que, a su juicio, “se extiende a otros servicios y decisiones del Ayuntamiento y ha provocado graves perjuicios al funcionamiento de la ciudad y un notable coste económico”.
Casi 40.000 euros de coste
Desde el PP recuerdan que a esta condena se suma “el elevado coste de otras sentencias recientes”, como las relacionadas con las tasas de basuras, cifradas en varios millones de euros. En este caso concreto, el desembolso total roza los 40.000 euros, entre indemnización y gastos jurídicos.
“Estamos hablando de dinero de todos los leoneses malgastado por el capricho de un alcalde que cree que el Ayuntamiento es su cortijo”, afirmó Fernández, quien incidió en que el problema no es solo económico, sino “lo que revela la actuación del regidor”.
Posibles consecuencias políticas
El portavoz popular criticó además la intención del equipo de gobierno de recurrir la sentencia, al considerar que supone “empeñarse en una decisión desfavorable para los intereses del Ayuntamiento y de la ciudad”.
Finalmente, Fernández advirtió de que, si el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma el fallo, su grupo exigirá “consecuencias políticas inmediatas” por lo que calificó como una “persecución laboral” contra el viceinterventor municipal.