El Ayuntamiento niega los posibles sobrecostes en las compras y UPL amenaza con ir a la Fiscalía
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de León salió este lunes al paso de las acusaciones sobre supuestos sobrecostes en la adquisición de material municipal y negó de forma tajante la existencia de cualquier irregularidad en las compras realizadas durante los años 2022 y 2023. Así lo afirmó el portavoz del gobierno en el pleno, Vicente Canuria, al responder a las críticas planteadas por el grupo municipal de la UPL en el pleno del pasado mes.
Las denuncias, formuladas entonces por el portavoz leonesista Eduardo López Sendino, apuntaban a un presunto encarecimiento de hasta un 40% en determinadas facturas, especialmente en la compra de baterías para la flota municipal, y derivaron en la petición de dimisión del concejal de Hacienda, Carmelo Alonso. Ante estas acusaciones, el alcalde, José Antonio Diez, ya había anunciado en noviembre la apertura de una investigación interna.
“No existe ningún sobrecoste”
Durante su intervención en el pleno, Canuria fue contundente al afirmar que “no existe ningún sobrecoste en las facturas de 2022 y 2023” y subrayó que esta conclusión “la confirma el informe del jefe de servicio”. Según explicó, dicho documento desmonta las acusaciones realizadas, algunas de las cuales “llegaron al punto de ser tachadas de corrupción”.
El portavoz municipal insistió en que el gobierno local va a “desmentir que en modo alguno existan irregularidades” y avanzó que el informe técnico “se dará a todos los miembros de la corporación” para que puedan conocer con detalle las conclusiones.
Precios ajustados al mercado
Canuria recalcó que el análisis técnico acredita que “no existe una mala gestión ni mala fe a la hora de facturar” y que los precios cuestionados “estaban en precio de mercado o incluso por debajo del mismo”. En este sentido, defendió que desde el Ayuntamiento “siempre se busca la mejor relación calidad-precio”, teniendo en cuenta las características de los productos adquiridos.
Baterías, AdBlue y flota municipal
En relación con algunos de los suministros señalados por la oposición, el portavoz explicó que muchos de ellos son “productos de uso industrial, lo que inicialmente les encarece”. Asimismo, aludió al estado del parque móvil municipal, recordando que “la antigüedad de la mayoría de los vehículos supera la vida útil”, lo que provoca que “los costes de mantenimiento sean más elevados”.
Sobre uno de los puntos más polémicos, Canuria fue claro: “En el caso de las baterías no hay irregularidades”, zanjando así una de las principales críticas formuladas desde la UPL.
Con estas explicaciones, el equipo de gobierno municipal da por aclaradas las dudas planteadas en el pleno y mantiene que las compras realizadas por el Ayuntamiento de León se ajustaron en todo momento a criterios técnicos y económicos adecuados sujetos, tal y como se ha remarcado, a dos aspectos clave: la vieja flota y la necesidad de mantenimiento y en el caso de las baterías la compra de dos de mayor potencia (por encima de los 300 euros) a los requisitos de los nuevos camiones que incluyen la tecnología de 'star-stop'.
UPL rechaza la versión municipal
El Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha rechazado de plano la contestación ofrecida por el equipo de Gobierno a la denuncia presentada el pasado 27 de noviembre sobre la compra de suministros para el servicio de Limppieza. Según la formación leonesista, la respuesta municipal en el pleno “no justifica en absoluto el flagrante incumplimiento de la legalidad vigente” en relación con la obligación de sacar a licitación pública contratos reiterados, una práctica que, recuerdan, ha motivado reparos continuados del interventor municipal.
Datos que no cuadran
UPL pone el foco en uno de los argumentos utilizados por el servicio de Limpieza para justificar los gastos, al señalar que el Ayuntamiento dispone de más de un centenar de vehículos. Frente a ello, los leonesistas aseguran que, según la documentación facilitada a su grupo, la flota municipal asciende a 75 vehículos, de los cuales 41 son vehículos normales y 32 industriales.
Con estos datos, consideran “inexplicable” el gasto realizado en la compra de 41 baterías durante los años 2022 y 2023, al no guardar relación con el número real de vehículos.
Diferencias de precio
Otro de los puntos más controvertidos es el coste de las baterías. UPL afirma disponer de documentación que acredita que un mismo modelo, adquirido en el mismo taller en 2023, tuvo un precio unitario para el Ayuntamiento de 328,77 euros, mientras que a un pequeño taller se le aplicó un descuento del 35%, pagando 210,72 euros “exactamente por el mismo modelo de batería”.
La formación también cuestiona la justificación del mayor precio de otros productos, como los disolventes, cuya diferencia de coste se atribuye a que no son comparables a los de una ferretería. UPL sostiene que esa afirmación “no se prueba en absoluto” en la contestación municipal.
Los leonesistas critican además que, en la investigación interna anunciada por el equipo de gobierno, “no se haya tomado declaración a quien formuló la denuncia aportando datos”, lo que, a su juicio, refuerza la sensación de que se pretende “tapar una actuación negligente”.
Posible vía judicial
Ante este escenario, UPL concluye que los hechos podrían ir “desde la ilegalidad por la falta de licitación hasta la adquisición de material sin comprobar el mejor precio para el Ayuntamiento”. Por ello, el grupo municipal anuncia que estudiará acudir a la Fiscalía de León para que se aclaren las circunstancias y, en su caso, “se depuren responsabilidades”.