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El Ayuntamiento de León renuncia al Supremo y prepara la devolución íntegra de la tasa de basura de 2024

Imagen de archivo de contenedores de basura en la ciudad de León.
El consistorio asume la anulación judicial del tributo, inicia el reintegro de más de cinco millones de euros y trabaja ya en una nueva ordenanza fiscal

El Ayuntamiento de León ha optado por no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declaró la nulidad de pleno derecho de la ordenanza fiscal que regulaba la tasa por el tratamiento de residuos domésticos y asimilables correspondiente al ejercicio 2024. Dicha norma había sido aprobada en el pleno municipal celebrado el 28 de diciembre de 2023.

La determinación fue comunicada este viernes en el seno de la Junta de Gobierno Local, tras analizar un informe jurídico que desaconsejaba la interposición del recurso al considerar mínimas las posibilidades de éxito.

Más de cinco millones a devolver

Como consecuencia directa de esta decisión, el equipo de gobierno municipal iniciará los procedimientos necesarios para devolver a los contribuyentes el importe cobrado por este concepto, una cuantía que supera ligeramente los 5,1 millones de euros.

El Ayuntamiento comenzará de forma paralela los trabajos para elaborar una nueva ordenanza que permita regular de nuevo este tributo con las garantías legales necesarias.

Efectos que se extienden a 2025 y 2026

El impacto de la sentencia va más allá del ejercicio ya liquidado. Al quedar anulada la ordenanza, el consistorio se queda sin base normativa para exigir la tasa no solo en 2024, sino también en 2025 y 2026. De este modo, no podrá girar el recibo de 38 euros por vivienda ni las cuantías previstas para actividades económicas, que alcanzaban hasta 4.000 euros en comercios, 3.000 euros en industrias y 1.998,8 euros en oficinas.

Esta situación obliga a replantear el sistema de financiación del servicio de recogida y tratamiento de residuos en los próximos ejercicios.

Los defectos señalados por la sentencia

El Tribunal Superior de Justicia fundamentó la anulación de la ordenanza en dos defectos principales. Por un lado, apreció una falta evidente de motivación y de proporcionalidad en la determinación del importe del tributo. Por otro, constató la ausencia del preceptivo informe de impacto de género durante la tramitación de la norma.

Ambos aspectos deberán ser corregidos en el nuevo texto normativo que el Ayuntamiento se dispone a redactar.

Nueva ordenanza en preparación

Desde el equipo de gobierno se trabaja ya en la elaboración de una nueva ordenanza fiscal que subsane los errores detectados por la justicia y permita recuperar un marco legal estable para la gestión del servicio. Mientras tanto, el consistorio deberá afrontar el reintegro de las cantidades cobradas y ajustar su planificación económica a la ausencia temporal de este ingreso.