Condenan a la residencia Clece Vitam Otazú por el fallecimiento de un residente con Alzheimer

La Audiencia Provincial de León ha condenado a la residencia Clece Vitam Otazú por la muerte de un paciente con alzhéimer avanzado en el año 2029, según desvela el despacho Serrano Abogados. Se trata de una sentencia firme que condena a la residencia por su responsabilidad civil en el fallecimiento de esta persona, ocurrido el 15 de enero de 2019, apenas tres horas después de su ingreso en el centro.

Los hechos se produjeron la tarde del 15 de enero de 2019. El residente, diagnosticado de alzhéimer avanzado, fue dejado solo en un estado de agitación, sin las medidas de seguridad para pacientes con grave deterioro cognitivo. Debido a la falta de bloqueo de una ventana, el enfermo salió al exterior y se precipitó desde la quinta planta, con testigos que negaron que se tratase de un suicidio, según informan desde el despacho.

Victoria amarga

Durante la instrucción penal, el caso fue archivado sin que se practicaran diligencias esenciales, como la toma de declaración a los empleados implicados o el análisis de las grabaciones de seguridad, que nunca llegaron a incorporarse al procedimiento. Finalmente, la familia acudió a la Audiencia Provincial, donde se reabrió el caso, de forma parcial, aunque finalmente la vía penal quedó cerrada sin responsabilidades.

“Es una victoria amarga, porque nadie nos va a devolver la vida de mi padre, pero esta sentencia reconoce por fin la responsabilidad de la residencia y puede servir para proteger a otras familias”, señala Marcos Fernández, hijo del fallecido. “Nuestro objetivo siempre ha sido que se conozca que hubo una negligencia grave a pesar de los intentos de cerrar el caso sin investigar y que no vuelva a repetirse”.

La familia

La familia subraya que este caso no es una excepción, sino un ejemplo de los riesgos que asumen miles de familias al confiar el cuidado de personas vulnerables a centros donde los protocolos no siempre se cumplen. Por eso hace un llamamiento a las administraciones públicas para reforzar los controles, la supervisión y la rendición de cuentas en las residencias de mayores, especialmente aquellas que atienden a personas con deterioro cognitivo severo.