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La crisis de Muface pasa factura en León: 1.620 mutualistas se pasan a Sacyl en el último año

Edificio de Muface.
El número de funcionarios y familiares que eligen la sanidad pública en la Comunidad alcanza los 42.554, el 37% por ciento del total

El tira y afloja que mantuvieron a principios de 2025 el Gobierno de España y las aseguradoras para la renovación del concierto sanitario de Muface, con meses de tensiones que se cerraron con la firma de un nuevo convenio, ha pasado factura en Castilla y León. No en vano, un total de 7.575 mutualistas y familiares ha decidido pasarse al Sistema Nacional de Salud, que en la Comunidad es Sacyl.

El número de funcionarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que recibía atención sanitaria pública a finales de 2024 era de 34.979 frente a los 42.554 contabilizados a 31 de diciembre de 2025. Es un incremento del 21,7 por ciento, por encima del aumento de la media nacional, que se quedó en el 16,3 por ciento. En concreto, la subida de mutualistas en Castilla y León que ha cambiado la asistencia de las aseguradoras privadas por la sanidad pública a lo largo del año pasado fue la cuarta más alta del país, solo superado por los aumentos registrados en Canarias (33 por ciento), Aragón (27 por ciento) y La Rioja (26 por ciento).

Traslado de mutualistas de Muface a la Seguridad Social.

Una tendencia al alza

La evolución de los funcionarios de la Comunidad que se han pasado a la sanidad pública no ha dejado de crecer en los últimos años, según los datos consultados por la Agencia Ical. No en vano, en 2018 había 24.703. Es decir, la cifra es ha duplicado en siete ejercicios. En 2010 y 2011, rondaba los 19.000. Antes de este último salto, el mayor trasvase tuvo lugar en 2022, con 3.321 incorporaciones; seguido de 2018 (1.718), 2020 (1.662) y 2023 (1.525).

El trasvase de las aseguradoras privadas a la sanidad pública ha permitido que más de un tercio de los mutualistas de Muface, en concreto el 37,2 por ciento, reciba asistencia de Sacyl, por lo que la gran mayoría está bajo el paraguas de Adeslas (48.762) y Asisa (23.060). El porcentaje de funcionarios que se decanta por lo público en España es el mismo que en la Comunidad, al sumar 589.561 del total de 1,5 millones de mutualistas.

Valladolid, Salamanca y León concentran el cambio

Por provincias, Valladolid (2.440), Salamanca (2.134) y León (1.620) copan la mayor parte de las ‘fugas’ a Sacyl en el último año. No en vano, solo estos tres territorios suman el 82 por ciento del total de los 7.575 mutualistas que a lo largo de 2025 optaron por un cambio a la cartera sanitaria pública de la Comunidad. Porcentualmente, Valladolid y Salamanca registraron los mayores incrementos entre 2024 y 2024, con un 40,3 y un 39,4 por ciento, respectivamente. Les siguieron León (28 por ciento), Ávila (12,5), Soria (11,3), Zamora (10,9), Burgos (7,6) y Palencia (6,6 por ciento). La única bajada tuvo lugar en Segovia, con un descenso del 3,4 por ciento, después de que tenga 87 mutualistas menos en Sacyl.

La ‘gran fuga’ de mutualistas tuvo lugar en 2025, cuando tuvo lugar la amenaza de plante de las principales aseguradoras (SegurCaixa Adeslas, DKV y Asisa) por la falta de acuerdo con el Gobierno central sobre el valor del contrato para el nuevo concierto de 2025, 2026 y 2027. El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública se vio obligado a subir en tres ocasiones la subida de las primas ofrecidas a las aseguradoras, después de que las compañías dejaran desierta las licitaciones al considerarlas insuficientes, desde el punto de vista económico. Las compañías de seguro argumentaron que la prima per cápita no reflejaba el coste de la prestación sanitaria, por lo que demandaban un mayor compromiso financiero del Estado para garantizar la sostenibilidad del modelo.

Lo que, en un principio, era un proceso rutinario se convirtió en una guerra abierta entre el Gobierno y Muface, con numerosas protestas y presiones por parte de mutualistas, sindicatos, comunidades autónomas y grupos políticos, además de las quejas de los propios funcionarios que denunciaban la falta de cobertura médica durante el periodo de prórroga. No en vano, desde la primera licitación, que fue el 30 de octubre de 2024, hasta la firma definitiva del definitiva con Adeslas y Asisa, el 2 de mayo de 2025, transcurrieron seis meses.

El nuevo concierto

La prima inicial, con respecto al anterior concierto, se incrementó en un 17 por ciento. Posteriormente, aumentó al 33,5 por ciento, y finalmente, se situó en el 41,5 por ciento, hasta situar el presupuesto en 4.808,5 millones de euros, un 36 por ciento más que el anterior, tras el incremento de 1.276 millones.

El trasvase de mutualistas desde las aseguradoras privadas hacia el sistema público de salud o viceversa podrá variar, ya que una de las novedades del concierto estable un segundo periodo para el cambio ordinario de entidad. Hasta ahora, solo era posible en enero pero con el nuevo acuerdo se extiende también a junio.

Muface es un organismo público adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos. Su razón de ser, como administración y servicio público, es garantizar la salud y el bienestar de sus mutualistas y personas beneficiarias.

Impacto en el Sistema Nacional de Salud

La falta de acuerdo que hubo el año pasado entre el Gobierno y las aseguradoras por la financiación de Muface motivó la publicación de diferentes estudios que evaluaban el posible paso de todos los trabajadores públicos al Sistema Nacional de Salud (SNS), que hubiera tensionado, aún más, cada servicio autonómico. 

El estudio ‘Impacto de las mutualidades en el sistema sanitario’, elaborado en 2024 por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) y consultado por la Agencia Ical, analizó la penetración actual del seguro médico privado de la población española y el número de mutualistas en base a la población total de cada autonomía. La Comunidad tenía en 2024 la tercera tasa más alta de España de mutualista sobre el total de la población, con el 6,6 por ciento, el mismo porcentaje que Cantabria, y solo por detrás de Murcia (12,5 por ciento) y Madrid (10,4 por ciento). 

IDIS subrayó que la proporción de mutualistas en relación con el total de asegurados a nivel nacional era “significativa”, con una media del 18 por ciento. Todas las provincias de la Comunidad estaban, en esa fecha, por encima de esa tasa, especialmente Ávila y Zamora, con el 28 y el 26 por ciento, respectivamente. En el caso de la provincia abulense, es la primera de España, y Zamora, la tercera. El listado se completa con el 24 por ciento de Palencia, el 22 por ciento de Soria, el 21 por ciento de León y Salamanca, el 20 por ciento de Segovia y Valladolid y el 19 por ciento de Burgos. Por su parte, Muface atendía en Valladolid en 2024 a más de 20.000 personas, entre los 14.000 titulares y otros cerca de 6.000 beneficiarios. 

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad aseguró que el actual modelo de mutualismo administrativo representaba un “importante” papel dentro del gasto sanitario público y privada. Concretamente, en 2023, el gasto sanitario de las mutualidades representó el 0,17 por ciento del PIB, hasta los 2.436 millones de euros.