Cuando la ley llega tarde: el testimonio de una leonesa víctima de un 'clan okupa'

María (nombre ficticio), es víctima de una ocupación. En Heraldo de León narra su periplo para intentar solventar una situación que comenzó el pasado 29 de octubre y aún no tiene fin. Su vivienda, en la avenida Nocedo de León capital, sigue hoy bajo la ocupación de quienes, aprovechando unas obras, 'secuestraron' su único bien.

Ahora, desesperada, cuenta su experiencia. "Solo me queda esto, dar visibilidad a mi caso en medio de una desesperación que ya no tiene cura", sentencia.

Un una carta pública esta leonesa narra su situación y la indefensión vivida frente a quienes ocupan un inmueble.

El testimonio:

Cuando la ley llega tarde

He pasado de ser propietaria de una vivienda a convertirme en rehén de un sistema que parece incapaz de proteger a quien cumple las normas.

En mi caso, ni siquiera habían transcurrido 48 horas desde la ocupación cuando se decidió no actuar porque los ocupantes afirmaban llevar más tiempo dentro. Habían forzado la entrada, presentamos las escrituras y denuncias correspondientes y, aun así, comenzó un procedimiento que parece diseñado para poner a prueba la paciencia y el bolsillo del propietario.

A partir de ahí llegaron los trámites, los escritos, los recursos y las interminables esperas. Mientras tanto, ellos seguían dentro y yo seguía pagando. Porque mientras las administraciones discuten competencias y los expedientes avanzan a paso de tortuga, las facturas siguen llegando puntualmente.

Incluso tuve que soportar las consecuencias de un enganche ilegal a la red eléctrica realizado por quienes ocupaban la vivienda, después de haber avisado previamente de la situación. Una paradoja difícil de explicar: quien denuncia acaba sintiéndose señalado y multado, mientras quien incumple las normas sigue instalado en mi casa.

Finalmente llegó el juicio y la sentencia me dio la razón. Pensé que aquello sería el final. No lo fue. Más recursos, más espera y más tiempo para quienes ya habían demostrado conocer perfectamente cómo aprovechar cada resquicio del sistema.

Hay además un aspecto de este caso que me cuesta especialmente comprender. La denuncia inicial fue por allanamiento de morada tras una entrada forzada. Sin embargo, con el paso de los meses y la lentitud del procedimiento, la situación acabó derivando hacia una calificación jurídica cuyas consecuencias para los ocupantes son notablemente menores. Y aquí surge una pregunta que ningún ciudadano debería tener que hacerse: ¿cómo puede beneficiar al infractor la lentitud del propio sistema? ¿En qué momento los hechos dejan de importar más que los plazos? Porque la sensación que queda es que cuanto más tarde llega la respuesta, más se diluyen las consecuencias de los actos cometidos.

Lo más desesperante no es únicamente la lentitud. Es la sensación de abandono. La policía señala a las leyes. Los jueces a la falta de actuación policial. Los políticos convierten el problema en un debate partidista. Todos encuentran un responsable distinto. Ninguno ofrece una solución.

Durante este tiempo he escuchado consejos que deberían hacernos reflexionar como sociedad: pagar a los ocupantes para que se marchen, contratar empresas privadas para recuperar una vivienda propia o resignarse porque «es lo que hay». ¿De verdad hemos normalizado que un ciudadano tenga que negociar con quien ha ocupado su casa para recuperar lo que es suyo?

También he escuchado en numerosas ocasiones la palabra “vulnerabilidad”. Se analiza la de los ocupantes, se estudia su situación y se ponderan sus circunstancias. Y me parece correcto que una sociedad proteja a quien realmente lo necesita.

Pero durante todo este proceso nadie pareció preguntarse por la mía.

Tengo dos hijos pequeños cuya suma de edades ni siquiera alcanza los cuatro años. Trabajo cada día para mantener a mi familia, pagar una hipoteca y cumplir con mis obligaciones. Sin embargo, durante todo este proceso he tenido la sensación de que también debía sostener las consecuencias económicas de quienes decidieron entrar en una vivienda ajena y quedarse en ella. ¿En qué momento deja de considerarse vulnerable una familia simplemente porque cumple con sus obligaciones?

La ocupación existe. No es un debate político ni una estadística. Es una realidad que viven ciudadanos corrientes que ven cómo su tranquilidad, sus ahorros y su confianza en las instituciones se deterioran mientras esperan una solución.

Porque la pregunta ya no es quién tiene la culpa. La pregunta es cuánto tiempo más considera aceptable nuestra sociedad que un propietario se convierta en rehén de su propia vivienda. Y también cuánto tiempo más vamos a aceptar que la lentitud del sistema juegue a favor de quien lo vulnera y en contra de quien intenta defender sus derechos por la vía legal.

Atentamente,

Una propietaria cansada de pagar, esperar y escuchar excusas.