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Diez asegura que la paralización de la red de calor de Ponferrada "no afecta a León"

Plano de la planta de Puente Castro ahora protegida en su desarrollo por la declaración de Proyecto Regional.
El alcalde de la capital asegura que el proyecto leonés cumple con la legalidad y que el auto judicial se refiere a un procedimiento administrativo del Ayuntamiento de Ponferrada

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León ha ordenado la paralización de la actividad de la central de biomasa de Ponferrada y la conocida como la red de calor, tras estimar la petición de las asociaciones Bierzo Aire Limpio y vecinos del barrio de Compostilla. La medida llega después de que una sentencia anterior anulara las licencias municipales concedidas al proyecto, al considerar que no se ajustaban a derecho.

La instalación, gestionada por una empresa privada, se encuentra situada en las inmediaciones del antiguo barrio industrial de Compostilla y suministraba energía térmica a varios edificios residenciales y públicos del municipio berciano.

“Es una cuestión de forma, no de fondo”

Ahora el alcalde de León, José Antonio Diez, valora esta decisión judicial y subraya que el auto “se refiere exclusivamente al procedimiento administrativo que se siguió en Ponferrada”. Según el regidor, “los problemas radican en la tramitación que realizó el Ayuntamiento berciano, no en ninguna otra cuestión de fondo”.

Diez añadió que, en el caso de la capital, “todo se ha hecho conforme a la legalidad” y que la paralización dictada en Ponferrada “no afectará en absoluto al desarrollo de la red de calor prevista en León”.

“Creo que aquí en el Ayuntamiento de León todo se ha hecho de acuerdo con lo que marca la normativa”, insistió el alcalde, defendiendo la solidez administrativa del proyecto leonés, actualmente en fase de planificación.

León avanza en su propia red de calor

El proyecto de red de calor de León forma parte de los planes de transición ecológica y eficiencia energética que buscan reducir el consumo de combustibles fósiles en edificios públicos y comunidades vecinales.

Según explicó Diez, el consistorio mantiene su hoja de ruta y confía en que la iniciativa avance sin obstáculos legales, dado que el modelo leonés según ha remarcado se ajusta a los procedimientos urbanísticos y ambientales vigentes.