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Dos años de cárcel para un preso de Villahierro por atacar a dos funcionarios durante un registro y cacheo de su celda: "Os voy a matar"

Imagen de la Prisión de Villahierro, en Mansilla de las Mulas.
El Juzgado de lo Penal nº 2 de León condena al interno por atentado, lesiones y amenazas tras una violenta reacción en la celda 21 del módulo 10

El Juzgado de lo Penal número 2 de León ha condenado a Juan José L.D., interno del centro penitenciario de Villahierro (Mansilla de las Mulas), a dos años de prisión por la agresión a dos funcionarios de prisiones cuando realizaban un cacheo en su celda. La sentencia -a la que ha tenido acceso Heraldo de León- considera plenamente acreditado que el preso actuó de forma violenta y consciente contra los trabajadores penitenciarios, que se encontraban en el ejercicio de sus funciones.

Los hechos se produjeron cuando los funcionarios accedieron a la celda 21 del módulo 10 para realizar un registro ordenado por la dirección del centro. Fue entonces cuando el interno reaccionó de manera agresiva para impedir la actuación reglamentaria.

Una reacción violenta para evitar el cacheo

Según el relato de hechos probados recogido en la sentencia, los hechos ocurrieron sobre las 20.00 horas del 5 de marzo de 2023. Juan José López Díaz rompió una silla y cogió un palo de escoba, con los que se parapetó al fondo de la celda, profiriendo amenazas como: “Aquí no entra nadie ni me cachea nadie”.

Pese a los requerimientos de los funcionarios para que depusiera su actitud, el interno golpeó con la silla la mano de uno de ellos intimidando a su compañero. Ante la escalada de violencia, los funcionarios solicitaron refuerzos a otros compañeros.

Durante la intervención para reducirlo, el preso arañó en el cuello a otro funcionario mientras continuaba lanzando amenazas e insultos graves, entre ellos: “Estos maricones de funcionarios me llevan por la cara… os voy a matar”. Finalmente, fue reducido y trasladado al departamento de aislamiento.

Lesiones acreditadas

Como consecuencia de la agresión, uno de los funcionarios sufrió un traumatismo en la articulación metacarpofalángica del cuarto dedo de la mano derecha, que requirió inmovilización, tratamiento antiinflamatorio y rehabilitación. Las lesiones le provocaron 60 días de perjuicio moderado y 27 días de perjuicio básico, además de una secuela de artrosis postraumática y dolor crónico, valorada en un punto.

El segundo funcionario sufrió hematomas en ambos lados del cuello y erosiones, que precisaron asistencia médica y causaron cinco días de perjuicio básico.

Reincidencia y condena firme

La sentencia tiene en cuenta que Juan José L.D. ya había sido condenado previamente por un delito de atentado, en una resolución firme del Juzgado de lo Penal nº 1 de Getafe, dictada el 21 de octubre de 2021, por la que se le impuso una pena de seis meses de prisión que fue suspendida. Este antecedente ha supuesto la aplicación de la agravante de reincidencia.

Por todo ello, el tribunal lo condena como autor de un delito de atentado en concurso ideal con un delito de lesiones y un delito leve de lesiones, imponiéndole dos años de prisión, además de una multa de ocho meses con cuota diaria de seis euros por el delito de lesiones y otra multa de dos meses con la misma cuota por el delito leve. En caso de impago, se aplicará responsabilidad personal subsidiaria.

Amenazas y responsabilidad civil

Además, el juzgado condena al interno por un delito de amenazas no condicionales, imponiéndole una pena adicional de nueve meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En concepto de responsabilidad civil, Juan José L.D. deberá indemnizar con 5.825 euros a uno de los funcionarios y con 175 euros a otro, cantidades a las que se sumarán los intereses legales correspondientes. Asimismo, se le impone el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

La sentencia subraya la gravedad de los hechos y recalca la necesidad de proteger la autoridad y la integridad física de los funcionarios de prisiones frente a conductas violentas dentro de los centros penitenciarios.