Ecologistas en Acción concede sus 'premios Atila' a Suárez-Quiñones y Arranz
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción de la provincia de León ha dado a conocer el fallo de la edición 2026 de los premios Atila, unos reconocimientos de carácter crítico con los que la organización distingue cada año a personas, instituciones o proyectos que, a su juicio, han destacado por su contribución al deterioro ambiental.
Junto a estas distinciones negativas, el colectivo también ha otorgado el premio Ecologista, destinado a reconocer actuaciones consideradas positivas en defensa del medio natural.
Premio Atila compartido
El jurado ha decidido conceder el premio Atila 2026, de forma compartida, a Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero saliente de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y a José Ángel Arranz Sanz, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal.
Ecologistas en Acción atribuye a ambos la máxima responsabilidad en la gestión forestal y en las políticas de prevención y extinción de incendios desarrolladas en la comunidad autónoma. La organización vincula esta decisión a los incendios registrados en la provincia de León durante el verano de 2025, que provocaron la muerte de cuatro personas y afectaron a amplias superficies forestales y espacios naturales de alto valor ecológico.
Entre las zonas mencionadas por el colectivo figuran los Montes Aquilanos, las sierras de La Cabrera, Alto Sil, Ancares y el entorno del Parque Nacional de Picos de Europa, además de hábitats de especies protegidas como el lobo ibérico, el oso pardo o el urogallo.
Reconocimiento extraordinario a una trayectoria
Además del premio principal, Ecologistas en Acción ha creado este año una distinción extraordinaria denominada "Ordas de Atila", que ha recaído también en Suárez-Quiñones.
La organización fundamenta este reconocimiento en los once años que el político ha permanecido al frente de la Consejería de Medio Ambiente y en lo que considera una gestión deficiente de la política forestal y de la lucha contra los incendios durante ese periodo.
Los premios 'Caballo de Atila'
La edición de este año incluye igualmente dos premios "Caballo de Atila", concedidos de forma compartida.
Uno de ellos ha sido otorgado a Alfonso Arroyo González, director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León. Ecologistas en Acción cuestiona la autorización concedida para el aprovechamiento de aguas subterráneas destinadas a una futura planta embotelladora proyectada en Quintana y Congosto por la empresa Pascual-Bezoya, al considerar que podrían existir riesgos derivados de la contaminación provocada por los incendios forestales de 2025.
El segundo reconocimiento ha recaído en Jesús Méndez Fernández, jefe del Servicio de Medio Ambiente de León. El colectivo le atribuye haber permitido actividades cinegéticas y ganaderas en montes afectados por los incendios del pasado verano, una decisión que considera incompatible con las limitaciones establecidas en la legislación forestal para favorecer la regeneración de los terrenos quemados.
Apoyo a los bomberos forestales
Frente a estas distinciones, el premio Ecologista 2026 ha sido concedido a los bomberos forestales de Castilla y León.
La organización destaca el trabajo que desempeñan estos profesionales en la protección del patrimonio natural y subraya las dificultades laborales que, a su juicio, continúan afrontando en aspectos relacionados con salarios, formación, equipamiento y reconocimiento profesional.
Ecologistas en Acción ha expresado además su respaldo a las reivindicaciones impulsadas por el colectivo y ha mostrado su apoyo a las movilizaciones que puedan desarrollar para reclamar mejoras en sus condiciones laborales.
Críticas al modelo de gestión
A través de estos premios, la organización ecologista vuelve a poner el foco sobre la gestión de los incendios forestales en Castilla y León, un debate que ha cobrado especial relevancia tras los graves fuegos registrados en los últimos años tanto en León como en otras provincias de la comunidad.
El colectivo sostiene que la prevención, la gestión forestal sostenible y el refuerzo de los servicios públicos de extinción deben ocupar un papel prioritario en las políticas ambientales, especialmente en un contexto marcado por el cambio climático y el progresivo abandono de amplias zonas rurales.