"La aplicación de la Ley de Eficiencia en la Justicia está provocando un caos generalizado"

Zamora acoge la próxima semana el V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, un foro en el se analizarán aspectos como La ley de Eficiencia, la territorialidad, la inteligencia artificial y el turno de oficio, y cuyas conclusiones se elevarán a la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia, órgano regional presidido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que busca mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, con especial atención a la accesibilidad universal. Para el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (Cacyl), el leonés Fernando Rodríguez Santocildes, que acaba de cumplir su primer año en el cargo, esta cita es un punto de encuentro para seguir avanzando en el proyecto común de los nueve colegios de abogados de la Comunidad.

Este año entró en vigor la conocida como Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. ¿Qué está suponiendo en el funcionamiento de los tribunales?

El modelo de organización judicial que contempla la nueva ley con la creación de los tribunales de instancia y la desaparición de los órganos unipersonales que tradicionalmente veníamos conociendo, ha supuesto una reorganización total de los servicios de tramitación y de gestión en los procedimientos judiciales. Pero independientemente de las ciudades que tenían ya implantadas las oficinas judiciales -Burgos, León, Ponferrada, Segovia y Palencia-, donde se pensaba que la transición a la nueva organización podía ser más fácil, la verdad es que el caos ha sido generalizado. No se entiende que se hable de una Justicia especializada cuando se están dotando a estos servicios nuevos de personal que no está especializado, además de utilizarse funcionarios procedentes de bolsas de empleo que no proceden de la Administración de Justicia. Todo esto provoca retrasos en la incoación de los expedientes, en su desarrollo normal y un descontento generalizado en los profesionales, así como un efecto muy negativo en la ciudadanía, que ve como las expectativas que se ponen en la mejora de la Administración de Justicia sistemáticamente llevan suspensiones, retrasos o se prolongan eternamente en el tiempo. Sobre el papel la idea puede ser fantástica y maravillosa, pero cualquier reforma que no esté acompañada de una dotación necesaria de recursos materiales y personales y de una optimización del trabajo, no conduce a ningún sitio.

"No se entiende que se hable de una Justicia especializada cuando se están dotando a estos servicios nuevos de personal que no está especializado, además de utilizarse funcionarios procedentes de bolsas de empleo que no proceden de la Administración de Justicia"

¿La justicia en el medio rural está viendo más afectada por la aplicación de la nueva ley?

Aunque la aplicación es igual en todos los territorios, es cierto que en el medio rural las deficiencias se agudizan. Si hay que dotar de recursos a la Administración de Justicia, generalmente los últimos en llegar son las unidades del mundo rural. Además, a la abogacía también nos preocupa mucho los efectos de la comarcalización de los juzgados de la violencia sobre la mujer, ya que en el caso de provincias como Valladolid y León todas las competencias que tenían juzgados de municipios han pasado a unidades especializadas en las capitales, lo que provoca que las víctimas tengan que hacer muchas veces un desplazamiento costoso, innecesario y, a veces, revictimizador. Una Justicia lejana, que no sea cercana a la ciudadanía y a la realidad territorial, difícilmente puede ser justicia.

Las protestas y denuncias por las condiciones del turno de oficio son constantes. ¿Es necesaria una nueva ley de Justicia Gratuita?

Desde el Consejo General de la Abogacía Española y desde los nueve colegios de abogados de Castilla y León estamos reivindicando desde hace tiempo una nueva ley de Justicia Gratuita. La actual ley data de 1996 y responde a una realidad que nada tiene que ver con la actual. Es necesario replantearse el derecho a la asistencia gratuita y, sobre todo, dotar a los profesionales de la abogacía del respeto y la consideración que merecen. Estamos hablando de un derecho recogido por la Constitución que garantiza el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad, pero en la actualidad es un servicio sustentado por los colegios de la abogacía, que son los encargados de llevar la gestión y tramitación de los expedientes del turno de oficio y, de manera especial, por los profesionales, que trabajan las 24 horas del día para atender a personas privadas de libertad y víctimas de violencia de género, a cambio de ínfimas remuneraciones, que al contrario de lo establecido por la actual ley, no son ni justas ni dignas.

¿Se está avanzando hacia una Administración de Justicia sin papel? ¿Ha resultado positiva la implantación de la plataforma Atenea Iris?

La plataforma Atenea Iris nos permite acceder desde nuestros despachos a los expedientes judiciales en los que tenemos asumida la dirección letrada. Estamos ante un avance vital, quizás el más importante que he visto yo en mis treinta años de ejercicio profesional. Sin embargo, es necesario que la plataforma funcione de forma eficaz y nos permita siempre ver los expedientes de forma íntegra. También nos encontramos con días que no funciona y con otros que lo hace de forma muy lenta, por no hablar de que para descargar un expediente íntegro tenemos el espacio acotado desde las tres de la tarde a las ocho de la mañana. La idea es buenísima, pero no el funcionamiento.

¿Cómo se encuentra la denominada pasarela al RETA, una de las principales reivindicaciones del colectivo?

Aquellos compañeros que han venido cotizando durante años a las mutualidades de la abogacía, se encuentran ahora con unas pensiones ridículas de 300 o 400 euros, algo que consideramos injusto. Nuestra intención, y así se lo hemos pedido a los distintos grupos políticos, es que se apruebe una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de los ahorros de estos compañeros para, al menos, garantizar unas pensiones dentro de la dignidad que estable el sistema de la Seguridad Social.

"Es necesario replantearse el derecho a la asistencia gratuita y, sobre todo, dotar a los profesionales de la abogacía del respeto y la consideración que merecen"

¿Cómo está afectando la inteligencia artificial en la profesión?

La IA, que ha venido para quedarse, está afectando de una manera global y en los próximos años nadie va a ser ajeno a su utilización, ya que es una herramienta que te permite optimizar el trabajo. No obstante, descarto, como algunos vaticinan, que pueda sustituir a jueces y abogados. Yo creo que hay aspectos que son insustituibles como el rigor profesional, la responsabilidad o la empatía con el cliente.

¿Qué balance hace de su primer año al frente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León?

La experiencia está siendo muy satisfactoria y, con la alguna peculiaridad en función de los territorios, la realidad de los compañeros de los nueve colegios de la Comunidad es muy pareja, con unos problemas comunes. Ahora afrontamos en Zamora el V Congreso de la Abogacía, los días  27, 28 y 29 de este mes, que es un momento de mirar hacia el futuro en este proyecto común que tenemos los nueve colegios de la Comunidad.