Gobierno y Junta gastan 250.000 euros al año por los alquileres de sus sedes

Izquierda Unida denunció este miércoles el "recurso continuado" del arrendamiento de locales a particulares y empresas por parte de la Administración General del Estado y de la Junta en la ciudad de León, "pese a la existencia de patrimonio público que podría rehabilitarse y destinarse a estos mismos usos".

La formación argumentó su denuncia con "datos concretos" que, según explicaron, "permiten dimensionar" esta situación, aunque se trata solo de ejemplos y no de una relación exhaustiva, ya que existen más arrendamientos en vigor.

Según los datos de IU, el monto, el monto de los alquileres le cuesta a las administraciones públicas asciende a 250.000 euros al año, repartidos entre los 90.000 del gobierno central más los 160.000 de la Junta. El Gobierno abona anualmente 28.034,95 euros por la sede de Muface en la calle Santa Clara; 48.950 euros por la Unidad de Carreteras en la calle Legio VII; y 13.553,34 euros por el Servicio Jurídico del Estado en la Gran Vía de San Marcos. Por su parte, la Junta mantiene alquileres como el de la oficina del ECYL en la calle Ciudad de la Puebla, por 54.948,54 euros anuales; la Dirección Provincial del ECYL en la avenida Reyes Leoneses, por 72.804,84 euros; o el Centro de Salud del Crucero, por 32.798,64 euros al año. Situaciones que en muchos casos vienen desde hace décadas.

Una gestión eficiente del dinero público

"Estos importes evidencian un modelo de gestión basado en arrendamientos a particulares y empresas, cuando debería priorizarse la rehabilitación y puesta en uso de edificios públicos actualmente cerrados o infrautilizados", señalaron desde a coalición.

“El dinero público debe gestionarse con criterios de eficiencia y planificación a medio y largo plazo”, afirmó Rubén Estévez, coordinador local de IU León. “No es razonable mantener durante años contratos de alquiler si existen alternativas en el propio patrimonio público que podrían adecuarse para prestar estos servicios”.

Poca (o nula) accesibilidad

Además, desde la formación advirtieron que en algunos de estos locales arrendados "ni siquiera se garantizan plenamente las condiciones de accesibilidad universal" para personas con discapacidad, lo que "agrava la falta de planificación". “No solo hablamos de eficiencia económica, sino también de calidad del servicio público y de cumplimiento de los principios de accesibilidad e igualdad”, añadió Estévez.

Ante esta situación, Izquierda Unida reclamó un "plan progresivo de reutilización del patrimonio público que permita reducir el recurso al alquiler y optimizar los recursos públicos". "La gestión responsable del patrimonio común, concluyen, es una obligación institucional con la ciudadanía", apostillaron.