Los incendios no queman al PP
La noche electoral no cerrará el ciclo político abierto con la convocatoria de elecciones en Castilla y León. Tras el recuento de votos y la constitución de las Cortes el próximo 14 de abril, el nuevo Ejecutivo autonómico deberá afrontar varias decisiones inmediatas que afectan a la gestión de la comunidad. Entre ellas destacan la aprobación de un nuevo presupuesto, la reorganización del operativo de lucha contra incendios forestales y la reactivación de la reforma de la ley autonómica contra la violencia de género.
La Junta, presidida hasta ahora por Alfonso Fernández Mañueco, gestiona competencias esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales, además de infraestructuras como más de 11.000 kilómetros de carreteras autonómicas. A ello se suman políticas públicas como la vivienda de alquiler o la prevención de incendios forestales, asuntos que marcarán la agenda del próximo Gobierno.
Las encuestas sitúan al Partido Popular como la fuerza más votada, aunque lejos de la mayoría absoluta, lo que abre la puerta a nuevos pactos parlamentarios en las Cortes autonómicas.
Un presupuesto pendiente desde 2024
Una de las tareas inmediatas será la aprobación de nuevas cuentas autonómicas. La comunidad continúa gestionándose con el presupuesto aprobado para 2024, que ha sido prorrogado durante 2025 y también para el ejercicio actual tras fracasar el intento del Ejecutivo de sacar adelante unas nuevas cuentas.
El proyecto presentado por el Gobierno de Mañueco ascendía a 15.715,6 millones de euros, pero fue rechazado en diciembre en el Parlamento autonómico tras prosperar una enmienda a la totalidad impulsada por la oposición.
Aunque la continuidad de los presupuestos prorrogados permite mantener el funcionamiento de la administración, esta situación limita la capacidad para impulsar nuevos programas, convocar ayudas o poner en marcha inversiones con rapidez. Además, cualquier futuro proyecto deberá adaptarse a las promesas y medidas anunciadas durante la campaña electoral, como incentivos para jóvenes conductores o deducciones fiscales vinculadas a actividades deportivas.
El precedente más cercano se remonta a 2022, cuando la ruptura del acuerdo entre el PP y Ciudadanos llevó a la convocatoria de elecciones y retrasó la aprobación de nuevas cuentas.
El desafío de reformar el operativo contra incendios
Otro de los asuntos prioritarios será la reorganización del dispositivo de extinción de incendios forestales, después de un verano especialmente grave en 2025.
Los fuegos arrasaron 138.509 hectáreas en Castilla y León y provocaron cinco víctimas mortales, además de miles de evacuados en distintas zonas rurales. Las consecuencias de aquellos incendios reabrieron el debate sobre la estructura del operativo, su dimensionamiento y las condiciones laborales de sus trabajadores.
El sistema combina personal público con empleados de empresas contratadas y subcontratadas. En muchos casos, estos trabajadores tienen contratos temporales y salarios cercanos al salario mínimo, lo que ha motivado protestas y movilizaciones sindicales durante el otoño pasado.
La crisis derivada de los incendios también tuvo repercusiones políticas. El entonces consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, renunció a encabezar la candidatura del Partido Popular por León en las elecciones autonómicas.
Entre las demandas planteadas por sindicatos y colectivos del sector figura el reconocimiento profesional de bombero forestal para los integrantes del operativo. Un decreto impulsado por el Gobierno autonómico para regular esta figura no prosperó en las Cortes al no contar con apoyos suficientes.
Resultados electorales en zonas afectadas por los incendios
A pesar del impacto de los fuegos, los datos electorales en algunas de las localidades más afectadas muestran que el Partido Popular ha mantenido o incluso aumentado su respaldo en varios municipios.
En Boca de Huérgano el PP alcanzó el 31 % de los votos, diez puntos más que en los anteriores comicios. En Llamas de Cabrera, localidad del municipio de Benuza, el apoyo a los populares se situó en el 62 %, con un incremento de 19 puntos.
En Fasgar, dentro del término municipal de Murias de Paredes, el PSOE obtuvo el 39 % de los sufragios, aunque con un descenso de 17 puntos respecto a la cita anterior. En Molezuelas de la Carballeda, por su parte, el PP logró el 56 %, trece puntos más que en las elecciones previas.
Una reforma legal bloqueada desde hace años
La tercera cuestión que quedará sobre la mesa del nuevo Parlamento autonómico es la actualización de la Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León, vigente desde 2010.
Durante el mandato del expresidente Juan Vicente Herrera ya se inició un proceso de revisión de esta normativa, con trabajos técnicos desarrollados entre 2015 y 2019. Sin embargo, la reforma no llegó a materializarse.
El anteproyecto volvió a impulsarse durante el Gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos, pero quedó paralizado tras el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en 2022. Posteriormente, el Ejecutivo de Mañueco recuperó la iniciativa legislativa en 2024, aunque finalmente retiró el texto del Parlamento en diciembre cuando estaba a punto de someterse a votación.
La reforma pretende adaptar la normativa a nuevas realidades, como la violencia ejercida a través de internet y las redes sociales o la denominada violencia vicaria, dirigida contra los hijos para dañar a la madre.
El futuro de esta modificación dependerá en gran medida de la composición final de las Cortes y de los acuerdos que se alcancen para formar Gobierno tras las elecciones del 15 de mayo.