El informe de dos catedráticos concluye que el actual peaje del Huerna sí se puede anular sin un impacto grave para el Estado
Un informe elaborado por los catedráticos de la Universidade da Coruña Carlos Aymerich Cano y José Antonio Blanco Moa, a petición de Somos Asturies, sostiene que el peaje del Huerna —en la autopista AP-66, eje principal entre Asturias y la Meseta— podría retirarse mediante un procedimiento administrativo ordinario y sin un impacto económico significativo para las cuentas públicas.
Los autores recuerdan que la ampliación de la concesión hasta 2050, aprobada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar con Francisco Álvarez-Cascos al frente del entonces Ministerio de Fomento, habría supuesto una modificación sustancial del contrato original. Según apuntan, esta alteración debió someterse a una nueva licitación y comparte los elementos que llevaron a la Comisión Europea a abrir un expediente de infracción contra varias autopistas españolas, entre ellas la AP-9 gallega y la propia AP-66.
Paralelismos con la jurisprudencia europea
El documento incorpora referencias a resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre ellas la sentencia de 2019 sobre la autopista Tirrenaica en Italia, que declaró ilegales prórrogas de concesiones otorgadas sin concurso público.
Con base en esa doctrina, los catedráticos plantean que la nulidad de la ampliación en el Huerna permitiría liberar el peaje en un plazo reducido, una vez que el Consejo de Estado emitiera el dictamen preceptivo.
Costes inferiores a los previstos
El estudio rebate que la retirada del peaje obligue a reconocer un lucro cesante a la concesionaria Aucalsa. Aymerich subraya que, tratándose de una nulidad derivada de una irregularidad, la compensación debe limitarse al valor de mercado de la concesión.
Blanco estima que la indemnización rondaría los 285 millones de euros, calculados a partir del peso de Aucalsa dentro del grupo empresarial propietario (aproximadamente un 15 %) y del precio de adquisición del conglomerado, cifrado en 1.900 millones.
Según el informe, este desembolso sería sensiblemente inferior al coste acumulado para el Estado en bonificaciones y pagos asociados al mantenimiento del peaje hasta 2050, que alcanzaría unos 674 millones. Además, la conservación de la vía de alta montaña supondría para la Administración alrededor de 4,8 millones anuales, una cifra que los autores consideran asumible.
La petición política y el papel del Ministerio
La diputada del Grupo Mixto y dirigente de Somos Asturies, Covadonga Tomé, remitió el informe al consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, solicitando que se abra cuanto antes un procedimiento de revisión de oficio para anular la prórroga.
Tomé mantiene que la vía administrativa permitiría resolver la situación en meses, en lugar de esperar varios años a que concluya el procedimiento europeo. Los autores del estudio coinciden en que, de iniciarse el proceso de inmediato, el peaje podría desaparecer en torno a 2026.
Un futuro pendiente de decisión
Ni los catedráticos ni la diputada entienden la resistencia del Ministerio de Transportes a activar la revisión del expediente, pese a que la Comisión Europea ya ha cuestionado la legalidad de la ampliación. A la espera de una decisión política, el informe reabre el debate sobre una infraestructura clave para las comunicaciones de Asturias y sobre el coste real de mantener vigente un peaje cuya continuidad, según sus conclusiones, no estaría respaldada ni por razones económicas ni por razones jurídicas.