Jueces y fiscales inician su huelga contra las reformas del Gobierno: "Está en juego la independencia judicial"
Desde este martes 1 de julio, miles de jueces y fiscales en toda España han iniciado una huelga de tres días en rechazo a las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de Justicia. La protesta, convocada por cinco asociaciones —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)—, denuncia un intento de "control político" del sistema judicial y una "grave amenaza al Estado de Derecho".
Solo dos organizaciones —Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)— no se han adherido a la convocatoria. Las entidades convocantes consideran que las medidas legislativas propuestas suponen un debilitamiento de la independencia judicial, particularmente en el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, y en la estructura de la Fiscalía General del Estado.
Una reforma en el centro del conflicto
El Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido que las reformas —aún en fase parlamentaria— son “imprescindibles para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI”. En una carta enviada a las asociaciones judiciales, Bolaños señaló que el actual sistema “no ha cambiado sustancialmente desde la segunda mitad del siglo XX”, y animó a los jueces a participar en el debate parlamentario para mejorar el texto.
No obstante, tras reuniones mantenidas con diputados socialistas, las asociaciones consideraron que la apertura al diálogo “no ha sido real”, y que no se ofrecieron garantías de modificación sustancial. Por ello, ratificaron la huelga, iniciada tras movilizaciones previas como el paro simbólico del 11 de junio y una concentración frente al Tribunal Supremo el 29 de junio.
Acusan riesgo de politización en la selección
Entre los puntos más polémicos se encuentra la modificación del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal. Las asociaciones denuncian que las nuevas pruebas introducirían criterios más subjetivos, reduciendo el peso de los conocimientos jurídicos y facilitando, según afirman, "una selección ideológica" de futuros magistrados.
También critican la reforma de la Fiscalía, que amplía las competencias del fiscal general del Estado —actualmente Álvaro García Ortiz—, cuya designación sigue dependiendo directamente del Gobierno. Para las asociaciones, esto consolidaría una Fiscalía “sin contrapesos” y alineada con intereses políticos.
La legalidad de la huelga, cuestionada
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido en Pleno extraordinario el pasado jueves 27 de junio, concluyó que la convocatoria carece de soporte normativo. “No procede tenerla por anunciada ni fijar servicios mínimos”, se resolvió por unanimidad. Pese a ello, el CGPJ no impondrá sanciones disciplinarias a quienes participen.
Desde el Ministerio Público, el fiscal general también reconoció la falta de competencia legal para establecer servicios mínimos, pero instó a los fiscales a garantizar actuaciones esenciales, como juicios ya señalados que no hayan sido suspendidos.
El conflicto se traslada al terreno económico
El Ministerio de Justicia ha solicitado al CGPJ que active el mecanismo para descontar del salario los días no trabajados por huelga. En 2018 ya se aplicó una medida similar, que derivó en una serie de litigios por errores en los descuentos y devoluciones. Las asociaciones han asumido esta consecuencia y recuerdan que “el ejercicio de este derecho conlleva pérdida retributiva proporcional”.
Asimismo, el Comité de Huelga ha fijado de manera unilateral servicios mínimos para asegurar la atención a la ciudadanía en asuntos urgentes.
Sin cerrar la puerta a nuevas protestas
A la espera de la evolución parlamentaria de la ley, las asociaciones convocantes ya han advertido que evaluarán nuevas medidas tras estos tres días de paro. “Actuaremos de forma coordinada para decidir sobre la continuidad o ampliación de las medidas y la mejor fecha para implementarlas”, señalaron en un comunicado conjunto.
Esta es ya la sexta huelga de jueces en la historia de la democracia española. Félix Bolaños se suma así a una lista de ministros de Justicia que han enfrentado paros en el sector, como Mariano Fernández Bermejo, Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón, Rafael Catalá y Dolores Delgado.
El pulso entre el Gobierno y el poder judicial sigue sin solución a la vista, y la sombra de una escalada del conflicto se mantiene sobre la tramitación legislativa del nuevo modelo de Justicia.