La Junta ajustará precios de vivienda protegida para impulsar su promoción privada
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, aseguró que la reforma de la orden de precios que quiere poner en marcha la Junta de Castilla y León, permitirá revitalizar el mercado del alquiler y la venta de vivienda en la Comunidad.
Una medida que, apuntó Suárez-Quiñones durante su visita a Segovia esta jueves, permite que haya vivienda a disposición de la ciudadanía a precios “razonables” y que no afecta “en absoluto” al alquiler de las viviendas públicas que tiene la Junta alquiladas a las familias. Es una orden, por tanto, que pretende que haya promotores privados que construyan viviendas de protección.
“Ahora mismo hay dos tipos de viviendas de protección, sin embargo, no se construyen las viviendas de la promoción privada”, lamentó el consejero, ya que el módulo está establecido de una manera “que le sale más caro al constructor construir la vivienda al precio de venta”, añadió a Ical.
Una realidad "innegable"
En este sentido, expresó que se trata de una realidad “innegable” derivada del precio de materiales y mano de obra. Situación que, desde la Junta, intentan corregir para que “no haya pérdida y construyan viviendas con limitación de precios en la venta y alquiler”. “No puede soportarse la vivienda protegida solo en la Administración pública y tenemos que sumar a la construcción privada”, apuntó Suárez-Quiñones.
Asimismo y ante las críticas de los partidos de la oposición, aseguró que para llevarla a cabo tuvieron presente la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, mientras insistía que seguirán trabajando por poner a disposición de los jóvenes vivienda y ayudar al pago del alquiler y confió que a toda esta acción se sumen los constructores privados.
Ley "negativa" del Gobierno de España
Por su parte, el consejero rechazó la política de vivienda “negativa” del Gobierno de España porque, sentenció, “retrae al mercado” amenazando con la intervención de precios, determinada medidas confiscatorias que, añadió, “ha tenido un resultado cero en Europa”.
“Hay dos formas de hacer política, buscando la solución a los problemas o la no solución”, recalcó Suárez-Quiñones, mientras detallaba que la vivienda es un problema “de primer orden” en España y en la política en el Gobierno central, Castilla y León “no recibe ninguna actuación para poner en marcha ni una sola vivienda en la Comunidad” a pesar de haberse prometido poner a disposición de las autonomías más de 180.000.
Con todo ello, señaló que el mercado del alquiler “necesita tranquilidad”, por tanto, la política del Gobierno de España en materia de Vivienda es “totalmente negativa”. Por el contrario, explicó que, desde la Junta, en Castilla y León están poniendo viviendas en alquiler, con más de 3.000 construcciones, también en venta y para jóvenes, sin olvidar el medio rural “apoyándoles en las hipotecas y avalando los préstamos”, concluyó el consejero.