El Juzgado de León anula todos los permisos de la Central de Biomasa de Ponferrada
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León ha emitido una nueva sentencia demoledora contra la Central de Biomasa de Ponferrada, ubicada en el barrio de Compostilla. La resolución, notificada esta semana, anula por segunda vez —tras la primera en 2020— todos los permisos municipales otorgados al proyecto, incluyendo la licencia de obras, la licencia ambiental y la autorización excepcional.
La sentencia, que estima íntegramente el recurso presentado por la Asociación de Vecinos de Compostilla y el colectivo Bierzo Aire Limpio, ordena al Ayuntamiento de Ponferrada paralizar cualquier tipo de intervención en la instalación, construida y operada por Somacyl, la sociedad pública de suelo y medio ambiente de Castilla y León. El fallo, además, abre la puerta a responsabilidades políticas y legales por parte de quienes autorizaron el proyecto.
El juez: "La administración era plenamente consciente"
El abogado Víctor A. Bayón, del bufete Cordal Estudio Jurídico, ha confirmado que el tribunal “declara como ilegales tres acuerdos municipales” y que podría derivarse “responsabilidad personal de algunos de los intervinientes al apreciarse una reiteración en la conducta infractora respecto a los motivos que ya provocaron la primera anulación en 2020”.
Uno de los elementos más contundentes del fallo es la acusación de fraccionamiento del proyecto. El juez constata que el Ayuntamiento concedió licencias solo para la edificación de la planta, excluyendo deliberadamente la red de distribución de calor —que afecta a buena parte del casco urbano—. Este proceder, según la sentencia, permitió a Somacyl ahorrarse decenas de miles de euros en el Impuesto sobre Construcciones (ICIO). La liquidación tributaria se realizó sobre un presupuesto de 797.000 euros, cuando el coste real de la obra superaba los 2,1 millones.
“La Administración era plenamente consciente de la magnitud real del proyecto, pero decidió limitar el alcance de las licencias de forma artificial”, afirma literalmente el fallo judicial.
Ocultación de información y carencia de cobertura urbanística
El tribunal también detecta deficiencias graves en la información pública y la participación ciudadana. Bierzo Aire Limpio, uno de los recurrentes, recibió la notificación del periodo de exposición pública cuando ya no existía documentación disponible en la web municipal, impidiendo un acceso real y efectivo al contenido del proyecto.
Además, el juzgado concluye que la red de calor supone una ocupación intensiva del dominio público, al utilizar el subsuelo de numerosas calles de Ponferrada para un uso privativo sin que existiese el título habilitante necesario. “No puede sustituirse una concesión de uso del subsuelo público por una simple licencia de obra”, subraya la resolución.
Piden dimisiones y una auditoría del gasto público
Desde Bierzo Aire Limpio han reclamado de forma explícita la dimisión inmediata del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a quien acusan de haber impulsado el proyecto "desde la prepotencia y el abuso político".
“El juez nos vuelve a dar la razón. Llevamos casi nueve años denunciando esta chapuza, exigiendo transparencia y legalidad. Exigimos ahora responsabilidades políticas y económicas, y una auditoría completa del dinero público invertido en este sumidero de fondos europeos”, han declarado los ecologistas bercianos.
La Asociación de Vecinos de Compostilla, por su parte, ha pedido al alcalde de Ponferrada, Marco Morala (PP), que no recurra la sentencia y asuma las consecuencias jurídicas y políticas del fallo.
Impacto europeo: se comunicará al BEI
Finalmente, el equipo jurídico de Cordal ha anunciado que remitirá la sentencia al Banco Europeo de Inversiones (BEI), entidad que avaló la financiación del proyecto, para evitar que “se sigan destinando recursos públicos europeos a una instalación declarada ilegal por la Justicia”.
La Central de Biomasa de Ponferrada, inaugurada en 2022, pretendía proporcionar calefacción renovable a edificios públicos y privados de la ciudad. Ahora, su continuidad queda en entredicho tras una segunda sentencia que cuestiona no solo su viabilidad legal, sino también la integridad del proceso administrativo y político que la hizo posible.