El Estado activa la reducción de jornada a 35 horas para sus empleados públicos que alcanzará a 7.500 funcionarios en León
El Gobierno central ha dado el primer paso formal para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales entre los empleados de la Administración General del Estado (AGE). El Ministerio de Función Pública, encabezado por Óscar López, ha trasladado a las organizaciones sindicales firmantes del último Acuerdo Marco —CC OO y UGT— su decisión de poner en marcha el proceso administrativo necesario para cumplir con el compromiso pactado para el periodo 2022-2024, que expiró a finales del pasado año.
La reducción de jornada afectará al conjunto de la AGE y a sus organismos dependientes, un colectivo que en el conjunto del país ronda los 250.000 trabajadores, según los datos más recientes del Boletín Estadístico de las Administraciones Públicas.
Impacto directo en la provincia de León
En el caso de la provincia de León, la aplicación de las 35 horas semanales alcanzará a unos 7.500 funcionarios que dependen directamente del Estado, repartidos entre servicios como la administración periférica, organismos de la Seguridad Social, Hacienda o Justicia.
Este cambio no se extenderá, al menos de forma automática, al resto del empleo público de la provincia. León cuenta con cerca de 23.000 trabajadores públicos más que dependen de la Junta de Castilla y León y de las entidades locales, cuyos horarios y condiciones laborales se negocian en ámbitos distintos y a través de acuerdos propios.
Calendario y negociación
Función Pública tiene previsto elaborar nuevas instrucciones sobre jornada y horarios que recojan la reducción del tiempo de trabajo. Estas directrices serán presentadas a los responsables de personal de los distintos ministerios en reuniones convocadas para los días 10 y 11 de febrero, antes de elevar la propuesta a la Mesa General de la Administración del Estado, donde se abordará la negociación sindical.
Las previsiones que manejan fuentes sindicales y administrativas apuntan a que la jornada de 35 horas podría estar operativa durante el primer trimestre del año, aunque el calendario definitivo dependerá del desarrollo de los trámites y de la complejidad técnica de su aplicación.
Un compromiso pendiente desde hace años
La reducción de la jornada laboral forma parte de un paquete más amplio de compromisos asumidos por el Ejecutivo con los empleados públicos. Organizaciones como UGT, CC OO y CSIF coinciden en valorar el avance, aunque recuerdan que esta medida llega con retraso y que aún quedan asuntos relevantes por cerrar, como la regulación del teletrabajo, la nueva clasificación profesional o la recuperación de la jubilación parcial para el personal laboral.
Con este paso, el Gobierno despeja las dudas surgidas en semanas anteriores sobre una posible vinculación de la jornada de 35 horas a la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado, una opción que había generado inquietud entre los representantes de los trabajadores públicos.