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León ingresa cinco millones mensuales más con la subida del 2,7% en pensiones

La Asociación de Trabajadores Autónomos Dependientes (Tradecyl) denunció hoy que un pensionista castellano y leonés en el Régimen General cobra una pensión media de 1.721 euros, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos percibe 978 euros mensuales.
La revalorización ligada al IPC elevará los ingresos de 140.000 pensionistas leoneses y añadirá casi cinco millones de euros al mes a la economía provincial

La actualización prevista de las pensiones para 2026, fijada en un 2,7% a partir del cálculo de la media del IPC entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, supondrá un impulso directo a la economía de la provincia de León. Con cerca de 140.000 pensionistas y una prestación media que ronda los 1.300 euros mensuales, la revalorización añadirá aproximadamente 4,95 millones de euros al mes al flujo económico que reciben los hogares leoneses.

Actualmente, el Estado destina más de 183 millones de euros mensuales al pago de pensiones en León. Con la subida que se aplicará el próximo año, esta cifra se situará ligeramente por encima de los 188 millones, reforzando el peso que las prestaciones públicas tienen en la estructura económica y social del territorio.

Impacto directo en los pensionistas leoneses

Para los jubilados de la provincia, el incremento anual se traducirá en alrededor de 570 euros adicionales en las pensiones de jubilación y cerca de 500 euros para la media del sistema. La actualización beneficiará no solo a los perceptores del régimen general, sino también a quienes cobran pensiones de clases pasivas, que en España superan el millón de beneficiarios.

La subida se aplicará una vez el Instituto Nacional de Estadística publique el dato definitivo del IPC de noviembre —previsto para el 12 de diciembre—, aunque la previsión del 2,7% permanece como referencia mientras no se produzcan variaciones significativas.

Revalorizaciones acumulativas y un coste creciente

La nueva subida mantendrá una senda similar a la de 2025, que fue del 2,75%, y se sumará al efecto acumulativo de las revalorizaciones aplicadas desde la reforma aprobada en 2021. El coste estatal estimado para esta actualización ronda los 7.000 millones de euros, una cifra comparable a la del ejercicio anterior. Desde 2022, la factura acumulada por las sucesivas subidas quedará próxima a los 40.000 millones anuales, teniendo en cuenta que cada incremento se consolida antes de aplicarse el siguiente.

Aunque el Gobierno no ha concretado todavía el aumento específico para las pensiones mínimas y no contributivas, la tendencia de los últimos años apunta a incrementos superiores al IPC para reforzar su poder adquisitivo.

Un aumento que deberá pasar por el Congreso

Pese a estar vinculada a la variación del IPC, la revalorización debe aprobarse formalmente. Con la previsión de que España inicie 2026 con unos Presupuestos prorrogados, el Ejecutivo tendrá que recurrir a un real decreto-ley, que posteriormente deberá ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

Mientras tanto, en León, el incremento del 2,7% se percibe como un alivio para miles de hogares dependientes de las prestaciones públicas y como un impulso relevante para la actividad económica provincial, especialmente en un contexto de precios aún elevados y tensiones inflacionistas persistentes.