La leonesa Jara vuelve ser libre: 'Las seis de la Suiza' obtienen el tercer grado penitenciario
El caso de Las Seis de La Suiza, las seis personas condenadas por protestar frente a una pastelería de Gijón, ha dado un giro este jueves tras la concesión del tercer grado penitenciario. Así lo ha anunciado el sindicato CNT, del que forman parte, en un comunicado en el que confirma que las condenadas —cinco mujeres y un hombre, entre ellas la leonesa Jara— continuarán cumpliendo su condena en régimen abierto, desde el Centro de Inserción Social anexo al centro penitenciario asturiano de Villabona.
“Desde el primer día dijimos que defender derechos laborales no puede llevarte a prisión. Seguimos exigiendo su total libertad”, afirma el sindicato.
Origen del conflicto: una baja, una protesta y una condena
Todo comenzó en 2016, cuando una trabajadora embarazada de la pastelería La Suiza, en Gijón, solicitó la baja médica por riesgo de aborto. Lo hizo tras denunciar acoso laboral y sexual, lo que derivó en una situación tensa con el empresario. Ante la negativa de este a negociar una salida pactada, el sindicato CNT inició una campaña de protesta que incluyó concentraciones, panfletos y vídeos difundidos en redes sociales.
Cuatro años después, en 2021, el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Gijón, dirigido por el magistrado Lino Rubio Mayo, impuso a siete de los ocho acusados una pena de tres años y medio de prisión y una indemnización de 125.428 euros al empresario. El juez argumentó que las acciones sindicales “provocaron un daño directo al negocio” y representaron “coacciones graves y obstrucción a la justicia”.
Sentencia firme y reacción social masiva
Pese a los recursos presentados ante la Audiencia Provincial de Asturias, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, la sentencia fue confirmada en todas sus instancias. En junio de 2024, el Supremo sostuvo que las acciones “excedieron el legítimo derecho a la libertad sindical” y ratificó que “el cierre del negocio fue consecuencia directa de las protestas”.
A pesar del varapalo judicial, las seis condenadas no mostraron arrepentimiento. En sus propias palabras, actuaron “con coherencia y dignidad” defendiendo los derechos de una compañera “en situación de vulnerabilidad”.
La respuesta ciudadana fue inmediata. Manifestaciones masivas recorrieron ciudades como Gijón, Oviedo, Madrid, León o Barcelona bajo el lema “Hacer sindicalismo no es delito”. Más de 22 organizaciones sindicales, entre ellas UGT, CCOO, CGT, CSI y SUATEA, respaldaron la petición de indulto presentada al Ministerio de Justicia. El Gobierno del Principado de Asturias también apoyó formalmente la medida de gracia.
Yolanda Díaz: “El sindicalismo no puede ser delito”
Entre las figuras que se han posicionado con firmeza está la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien se reunió con las condenadas en Oviedo el pasado mes de junio.
“El sindicalismo es un derecho constitucional. Nadie debería estar en prisión por defender derechos laborales”, aseguró Díaz.
El Ayuntamiento de Gijón, en cambio, evitó debatir la petición de indulto al ser vetada por los votos de PP, Vox y Foro.
Un caso que sigue vivo: Estrasburgo y más allá
La defensa de las condenadas ha anunciado que llevará el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al considerar que se ha vulnerado su libertad de expresión y de acción sindical. Mientras tanto, el tercer grado penitenciario les permitirá salir de prisión durante el día y regresar al centro de inserción para dormir, en lo que constituye una forma de cumplimiento atenuado de la condena.
“Este caso ha marcado un antes y un después en la criminalización de la protesta laboral”, aseguran desde el colectivo de apoyo Sofitu. “El Estado español tiene desde hoy a seis sindicalistas presas por ejercer derechos que tanto costó conseguir”, han concluido.