Más de 250 viviendas de uso turístico que se publicitan por Airbnb en León deberían ser 'borradas' por no cumplir la legalidad
La provincia de León se enfrenta a un nuevo reto en el entorno al alojamiento turístico. Más de 250 viviendas anunciadas en Airbnb deberían ser eliminadas de la plataforma por no cumplir con los requisitos legales exigidos por la normativa vigente. Así se estima tras el acuerdo tomado por el Ministerio de Consumo, que ha detectado una preocupante falta de transparencia en uno de cada cinco anuncios publicados.
En total, León cuenta actualmente con alrededor de 1.500 viviendas turísticas registradas. Sin embargo, a esta cifra se suma una parte de las 1.100 viviendas que, según fuentes del sector, están ofertadas en la plataforma sin el respaldo de una licencia adecuada. De este modo más de 250 deberían ser retiradas inmediatamente, según los criterios aplicados por el Ejecutivo.
Auge de la oferta tras la pandemia
La expansión de este tipo de alojamiento ha sido notable en Castilla y León, donde el número de viviendas turísticas creció un 13,6% en febrero de 2024 respecto al año anterior. En total, ya se superan las 7.500 estancias en esta modalidad, lo que sitúa a la comunidad como la novena del país con mayor número de alojamientos de este tipo.
En León, este fenómeno ha sido especialmente intenso desde la pandemia: se han registrado 500 nuevas viviendas turísticas desde entonces. Sin embargo, este crecimiento ha venido acompañado de una proliferación de ofertas alegales, muchas de ellas sin el número de registro obligatorio o con información poco clara sobre los propietarios.
Consumo presiona a Airbnb en toda España
El problema no es exclusivo de León. A nivel nacional, el Ministerio de Consumo ha solicitado a la filial europea de Airbnb la retirada de 65.935 anuncios de viviendas turísticas que considera "ilegales". Según el ministerio, muchos incumplen la normativa por no incluir el número de licencia o no indicar si los arrendadores son particulares o profesionales, lo que limita los derechos de los consumidores.
Las claves
Más de 250 viviendas publicitadas en Airbnb en la provincia de León no cumplen con la normativa de transparencia exigida para el alquiler turístico y podrían ser eliminadas de la plataforma.
León cuenta con cerca de 1.500 viviendas turísticas registradas, pero también más de 1.100 anuncios en la plataforma de Airbn, muchos de ellos alegales. Esta expansión se enmarca en un crecimiento general en la comunidad.
El Ministerio de Consumo ha exigido a Airbnb la retirada de casi 66.000 anuncios ilegales en toda España, al considerar que vulneran normativas sobre licencias, transparencia y derechos del consumidor. La plataforma ha anunciado que recurrirá.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado esta petición, lo que abre la puerta a la retirada inmediata de los anuncios afectados. No obstante, de momento solo se ha actuado sobre comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia, Baleares y Euskadi, aunque se espera que las medidas se extiendan a otras provincias como León.
Airbnb responde y recurre
La plataforma estadounidense ha rechazado frontalmente las acusaciones. En un comunicado, asegura que la orden "contraviene la normativa española y europea" y anuncia que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo.
Airbnb defiende que no es un servicio inmobiliario, sino una empresa de intermediación, y que no tiene obligación de supervisar el contenido publicado por sus usuarios. También critica la "metodología indiscriminada" del ministerio para seleccionar los anuncios supuestamente ilegales, argumentando que muchos de ellos pueden no requerir licencia por tratarse de alquileres de temporada.
Una lucha por la transparencia y el derecho a la vivienda
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha reiterado su intención de colaborar con las comunidades autónomas para combatir el "descontrol" del mercado de alquiler turístico, garantizar el acceso a la vivienda y proteger los derechos de los consumidores. La polémica pone de nuevo sobre la mesa el debate entre el modelo turístico de economía colaborativa y la regulación necesaria para que no afecte negativamente al mercado inmobiliario y al tejido urbano.
La situación en León, como en muchas otras zonas del país, ilustra el difícil equilibrio entre el impulso al turismo y el cumplimiento de las normas que aseguran una competencia justa y la protección de los residentes.