La obra de ampliación del Parque Tecnológico de León, parada desde hace casi dos meses mientras el conflicto con los expropiados se judicializa
Las obras de ampliación del Parque Tecnológico de León, en el entorno del campo de Oteruelo, permanecen detenidas desde hace casi dos meses, después de que los primeros movimientos de tierras visibles el pasado mes de diciembre dieran paso a un parón total.
La desaparición de la maquinaria pesada coincide en el tiempo con la judicialización del conflicto abierto entre los propietarios de los terrenos expropiados y la Junta de Castilla y León, que ha entrado de lleno en la vía judicial.
Las máquinas de la UTE adjudicataria —integrada por Comsa, Inmeva y Hergón— iniciaron a finales de 2025 los trabajos preliminares, con la apertura del gran vial central norte-sur, de 40 metros de anchura, llamado a estructurar los más de 523.000 metros cuadrados del nuevo recinto. También comenzaron a perfilarse dos grandes rotondas en los extremos del trazado. Sin embargo, desde principios de enero no se han producido avances significativos sobre el terreno.
La tasación que encendió el conflicto
En paralelo se mantiene el conflicto abierto entre propietarios y Junta, a resultas de las expropiaciones de la última resolución de la Comisión Territorial de Valoración, que ha fijado definitivamente el precio de los suelos expropiados en apenas cuatro euros por metro cuadrado. Se trata de una cifra que ha provocado la reacción inmediata de los propietarios afectados, que consideran la valoración “irrisoria” y “alejada de cualquier referencia de mercado”.
En total, la ampliación afecta a 250.917 metros cuadrados, pertenecientes principalmente a Maderas Bodelón S.L. (84.812 m²), Desarrollo de Espacios Inmobiliarios S.A. (41.399 m²), el Ayuntamiento de León (23.876 m²) y varios particulares de Armunia y Oteruelo. Los dueños recuerdan que hace algo más de una década, en operaciones privadas en el mismo lugar, se llegaron a pagar hasta 45 euros por metro cuadrado, y sostienen que un precio razonable debería situarse por encima de los 30 euros, en línea con el valor catastral del suelo.
De 7,64 a cuatro euros por metro cuadrado
El malestar se ha visto agravado por la evolución del expediente. En una fase anterior, la Comisión Territorial había elevado la valoración inicial de 1,02 euros hasta 7,64 euros por metro cuadrado. No obstante, en la última revisión el importe se ha reducido drásticamente hasta los cuatro euros actuales, lo que ha sido interpretado por los propietarios como una maniobra injustificada y lesiva para sus intereses.
Este giro ha llevado a los afectados a presentar una demanda colectiva, asesorados por un despacho especializado con sede en Burgos, en la que solicitan la paralización cautelar de las obras promovidas por la empresa pública Somacyl, que además se quedará con el 85% del aprovechamiento urbanístico del nuevo sector.
Judicialización y posible recurso a Europa
La judicialización del conflicto ha añadido incertidumbre al calendario de una actuación que ya acumula años de retraso. Los propietarios no descartan llevar el caso hasta Europa si los tribunales españoles avalan la tasación, al considerar vulnerado su derecho a una indemnización justa por la pérdida de sus terrenos.
Mientras tanto, la Junta de Castilla y León mantiene su defensa del proyecto, subrayando la inversión pública comprometida: 10,7 millones de euros para la urbanización, dentro de un contrato global de 13,01 millones de euros con IVA. Un gran cartel institucional instalado en la zona recuerda la implicación económica de la administración autonómica.
Un proyecto estratégico en suspenso
La ampliación del Parque Tecnológico se presenta como clave para consolidar el crecimiento de un enclave que actualmente alberga 43 empresas y da empleo a 2.231 trabajadores, frente a las 15 compañías y 826 empleos que tenía en 2014. En una década, la facturación conjunta ha pasado de 51 a 260 millones de euros, y la Junta estima que el Ayuntamiento de León podría ingresar 5,5 millones de euros en concepto de ICIO y alrededor de un millón anual en IBI cuando el desarrollo esté plenamente operativo.
Sin embargo, a día de hoy, el futuro inmediato del proyecto permanece en el aire. El terreno removido en diciembre permanece sin actividad, mientras se acelera el pulso legal cada vez más enconado entre propietarios y administración, que amenaza con prolongarse en el tiempo entre peticiones para la paralización de la ampliación largamente anunciada para el Parque Tecnológico de León.