Los peajes del Huerna se irán a los tribunales al no haber respuesta a la "injusticia" de pagar por usar una autopista que no lo es
El Gobierno del Principado de Asturias ha decidido iniciar el procedimiento que puede desembocar en un recurso contencioso-administrativo por la situación de la autopista del Huerna (AP-66), la única vía de comunicación rápida entre León y Asturias.
La decisión fue adoptada este lunes en el Consejo de Gobierno y se materializa en el envío de requerimientos formales tanto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, como a la concesionaria Aucalsa.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Peláez, explicó en comparecencia pública que la iniciativa responde a una situación de deterioro prolongado del servicio que, a juicio del Principado, no ha sido corregida pese a las reiteradas incidencias.
Informes que alertan de un deterioro “sostenido”
Los informes elaborados por la Dirección General de Consumo y la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias concluyen que existe una "degradación sustancial, sostenida y generalizada" del funcionamiento de la vía.
Según estos documentos, las obras simultáneas, los estrechamientos de calzada, los desvíos provisionales y las limitaciones de velocidad —especialmente en túneles y tramos de montaña— han provocado un empeoramiento estructural del servicio.
Desde el Ejecutivo asturiano se advierte de que estas circunstancias generan "un impacto directo y severo en la capacidad de la vía, los tiempos de recorrido y las condiciones de seguridad".
Dudas sobre el cobro del peaje
El Principado considera que el estado actual de la AP-66 no se ajusta a los estándares exigibles a una autopista de peaje, lo que abre el debate sobre la proporcionalidad de las tarifas aplicadas a los usuarios.
En este sentido, el Gobierno autonómico reclama una revisión del sistema tarifario en función del servicio real prestado, además de exigir un calendario claro, detallado y verificable para la finalización de las obras.
Requerimientos al Ministerio y a la concesionaria
El escrito remitido al Ministerio insta a la Administración central a ejercer sus competencias de control sobre la concesión y a adoptar medidas inmediatas para restablecer condiciones adecuadas en la infraestructura.
Por su parte, a Aucalsa se le solicita reorganizar la planificación de las obras para evitar la acumulación de incidencias, así como aportar información técnica precisa sobre plazos, ejecución y consecuencias en la circulación.
Dos frentes abiertos por el Huerna
Peláez subrayó que esta actuación se centra exclusivamente en la calidad del servicio actual, y que discurre de forma paralela a otra iniciativa ya en marcha: la impugnación de la prórroga de la concesión del peaje.
"Se trata de vías distintas y compatibles en defensa del interés general y de los derechos de la ciudadanía asturiana", afirmó el portavoz, quien dejó claro que, si no hay respuesta satisfactoria, el Principado acudirá a los tribunales.