El PP define la gestión de la recogida de residuos del Ayuntamiento como "una de las peores de España"
El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de León, David Fernández, afirmó este lunes que la gestión de la recogida de residuos del Ayuntamiento de la capital es “una de las peores de España”. “Es muy difícil, muy difícil, hacerlo peor que este alcalde, que no se cansa de perder dinero por millones con una vergonzosa indiferencia” señaló tras hablar sobre el desestimiento, por parte del Consistorio leonés, de la construcción de la planta de pretratamiento de residuos orgánicos por valor de 1,6 millones de euros, que supondrá -dijo- graves consecuencias económicas y legales.
“Es un episodio más en la historia de una gestión absolutamente desastrosa y negligente por parte de José Antonio Diez, en la que los leoneses, además de tener que soportar una ciudad sucia y sin la recogida de residuos adecuada y legal, tenemos que ver cómo, encima, todo este despropósito nos cuesta mucho dinero”, argumentó.
Más de dos millones de perjuicio económico
“En primer lugar, supone un perjuicio económico de más de dos millones de euros; por un lado, supone la pérdida de más de un millón de subvención de fondos europeos que ya estaba concedida e ingresada desde noviembre de 2023 y que ahora habrá que devolver y, por otro, la cancelación de este proyecto aplaza ‘sine die’ la instalación del contenedor marrón, el de residuos orgánicos, lo que implica seguir teniendo que pagar un millón de euros adicional cada año a la Diputación hasta no sabemos cuándo”, detalló.
Fondos paralizados e incumplimiento legal
El incumplimiento legal, dijo, va a suponer la parálisis de otros dos millones de euros; el gastado en la compra de los recipientes, que llevan almacenados un año en las instalaciones del servicio de limpieza, y los más de 900.000 euros destinados a la instalación de las cerraduras inteligentes que fueron aprobados hace solo dos meses en junta de gobierno”.
Todo, remarcó, sin olvidar, que el Ayuntamiento de León ya tuvo que renunciar a la subvención de 700.000 euros para la compra de los contenedores marrones por haber sido incapaces de ponerlos en funcionamiento en el plazo legal, a pesar de que fue una subvención concedida hace ya casi cuatro años.