Ratifican la condena a la mujer que envenenó a su exmarido y volvió a atacarlo con ácido
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha rechazado el recurso de apelación presentado por la mujer condenada por intentar acabar con la vida de su exmarido mediante el uso de talio, una sustancia tóxica empleada como raticida. De este modo, queda confirmada la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León, que le impuso 12 años y seis meses de prisión como autora de un delito de asesinato en grado de tentativa, con la agravante de parentesco.
La resolución mantiene también las penas accesorias acordadas en primera instancia, entre ellas la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y una orden de alejamiento de 200 metros respecto a la víctima, su domicilio y cualquier lugar donde se encuentre, así como la prohibición de comunicación por un periodo total de 22 años y medio.
Pérdida de la patria potestad e indemnizaciones
El fallo ratificado por el alto tribunal autonómico incluye además la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad sobre los dos hijos comunes durante toda la duración de la pena de prisión.
En el apartado de responsabilidad civil, la condenada deberá indemnizar a su exmarido con 822.592,85 euros, cantidad a la que se sumarán los gastos médicos no cubiertos por el sistema público y los costes derivados de la adaptación de la vivienda familiar a la nueva situación de la víctima. Asimismo, se fija una compensación de 152.523,65 euros a Adeslas SegurCaixa por los gastos sanitarios asumidos.
El envenenamiento con una chocolatina
Los hechos se remontan a junio de 2020, cuando, tras un progresivo deterioro de la relación tras la ruptura, la mujer utilizó a uno de los hijos para hacer llegar a su padre una barra de chocolate contaminada con una dosis letal de talio. El menor, siguiendo las indicaciones maternas, entregó el dulce sin conocer su contenido.
Poco después de ingerirlo, el hombre comenzó a encontrarse mal y su estado empeoró de forma progresiva, lo que motivó varios ingresos hospitalarios, primero en centros asistenciales y posteriormente en el Hospital Universitario de León. El 15 de julio de 2020 tuvo que ser trasladado a la UCI, donde permaneció durante semanas con insuficiencia respiratoria y múltiples complicaciones graves.
Intoxicación aguda y secuelas permanentes
Las pruebas médicas confirmaron una intoxicación aguda por talio muy por encima de los niveles tolerables, descartándose otras causas que explicaran el cuadro clínico. El paciente no recibió el alta definitiva hasta el 22 de enero de 2021, tras más de seis meses de hospitalización.
El proceso dejó 705 días de curación y graves secuelas: polineuropatía severa, atrofia de los nervios ópticos con pérdida progresiva de visión, deterioro cognitivo y una incapacidad permanente absoluta reconocida en noviembre de 2021.
Un nuevo ataque con ácido en 2025
Años después, el caso volvió a la actualidad tras un nuevo episodio violento. El 23 de octubre de 2025, la Guardia Civil detuvo a la misma mujer en León dentro de la operación 'Lapidem', acusada de un delito de lesiones graves por un ataque con ácido corrosivo contra su exmarido.
Los hechos ocurrieron el 15 de agosto de 2025 en la localidad de Jiménez de Jamuz, cuando el hombre fue rociado por sorpresa con un líquido altamente corrosivo mientras paseaba, sufriendo lesiones graves en el rostro, cuello y otras partes del cuerpo. La agresora actuó ocultando su identidad con un equipo de protección y logró huir.
Investigación y prisión provisional
Tras el ataque, el entorno de la víctima y diversas instituciones recibieron cartas anónimas con amenazas de muerte, lo que llevó a la Policía Judicial de la Guardia Civil a abrir una investigación específica. Las pesquisas permitieron identificar y detener a la exmujer, que ingresó en prisión. Además de las lesiones graves, se le imputan delitos de amenazas y quebrantamiento de medidas judiciales.
Próximo paso judicial
La resolución del TSJCyL no pone aún punto final definitivo al procedimiento. Contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por infracción de ley o quebrantamiento de forma, última vía judicial abierta en uno de los casos penales más graves y prolongados de los últimos años en la provincia de León.