UPL cuestiona el impacto para León del Mundial de Rugby 7 en Valladolid
Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado en las Cortes de Castilla y León una batería de iniciativas parlamentarias para que la Junta detalle qué beneficios concretos tendrá para las provincias de León, Zamora y Salamanca la celebración en Valladolid de las finales del Circuito Mundial de Rugby 7, previstas para los días 29, 30 y 31 de mayo.
La formación leonesista cuestiona cómo una cita deportiva concentrada en la capital autonómica puede traducirse en retorno económico o proyección exterior para el conjunto del territorio, especialmente para las provincias occidentales.
El convenio de patrocinio, en el centro del debate
Las preguntas se enmarcan en el acuerdo suscrito hace meses entre la Junta de Castilla y León y la Real Federación Española de Rugby, mediante el cual el Ejecutivo autonómico compromete un patrocinio de 500.000 euros anuales durante tres años, prorrogables a dos más, vinculado a la celebración de este evento internacional.
En la presentación del acuerdo, el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió que la iniciativa serviría para “impulsar la marca Castilla y León” y que “beneficiaría al conjunto de las provincias de la Comunidad”.
UPL contrasta estas afirmaciones con la ubicación exclusiva del evento en Valladolid y pide concreción sobre cómo se materializa ese beneficio en el resto del territorio.
Dudas sobre el retorno económico provincial
Entre las cuestiones planteadas, los leonesistas reclaman que la Junta precise el impacto en términos de turismo, inversión empresarial y exportaciones en León, Zamora y Salamanca, así como la distribución real del retorno derivado del patrocinio público.
También solicitan que se detalle qué criterios justifican la elección de Valladolid como sede única de la competición internacional, a pesar de la inversión autonómica asociada.
Críticas al modelo de concentración de eventos
UPL sostiene que la decisión refuerza una dinámica de centralización de grandes eventos en una sola provincia, lo que a su juicio limita el impacto territorial del gasto público.
La formación considera que, si el objetivo es impulsar la actividad económica y la proyección internacional de la comunidad, deberían haberse valorado otras ubicaciones dentro de Castilla y León con mayores necesidades de dinamización socioeconómica.