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UPL denuncia "irregularidades graves" en el Ayuntamiento y exige la dimisión del edil de Hacienda

Eduardo López Sendino muestra una de las compras bajo sospecha.
Los leonesistas acusan al equipo de gobierno del PSOE de aprobar compras con sobrecostes del 35-40% y advierten que acudirán a Fiscalía si no hay explicaciones

El portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, exigió este lunes la “dimisión inmediata” del concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, por lo que definió como “irregularidades graves” en la contratación municipal vinculada al mantenimiento de la flota de vehículos. 

Acompañado por los ediles Teresa Fernández e Isidro Ferrero, Sendino sostuvo que el equipo de gobierno socialista habría aprobado facturas con incrementos del 35-40% sobre los precios de mercado, “sin expediente de contratación” y pese al “reparo reiterado del interventor”.

Casos "contundentes"

Los leonesistas aseguran que los casos detectados son “contundentes”, citando la adquisición de 41 baterías entre 2022 y 2023 —para una flota de 75 vehículos— a precios notablemente superiores a los habituales. También denuncian sobrecostes en la compra de AdBlue, disolvente y una lijadora, y cuestionan la reiteración de encargos a la misma empresa, Radiadores Palacios, “sin publicidad ni libre concurrencia”.

Rueda de prensa ofrecida por López Sendino, junto a dos de sus concejales.

“Queremos saber por qué no hay expedientes de contratación, por qué siempre se compra a la misma empresa y por qué se están engordando los precios”, remarcó Sendino.

La oposición habla de posibles delitos

Según UPL, todos los expedientes fueron llevados al Pleno como reconocimientos extrajudiciales de crédito y aprobados con el voto favorable del PSOE, la abstención del PP y el rechazo de su grupo, pese a los reparos del interventor, que advertía de la obligación de tramitar contrato y publicarlo en el perfil del contratante.

El portavoz anunció que, si el alcalde José Antonio Diez no ofrece explicaciones “razonables”, el partido “no descarta acudir a Fiscalía” por posibles delitos de malversación y cohecho. “Pedimos transparencia y responsabilidades; la situación es lo suficientemente grave como para exigir claridad inmediata”, concluyó.